El tiempo ya no será cómplice de agresores sexuales en Aguascalientes.

Por: María Fernanda Alvarado / Georgina Martínez 

Desde noviembre del 2021 el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), mantuvo constantes mesas de trabajo para lograr consolidar la iniciativa de la no prescripción de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. En días recientes, el diputado panista Adán Valdivia, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso Estatal, retomó esta propuesta de reforma a los Artículos 87 y 88 del Código Penal. La semana pasada, el Pleno del Poder Legislativo aprobó la reforma para que el tiempo ya no sea más un cómplice de los agresores sexuales. 

El abuso sexual en niñas, niños y adolescentes es una problemática en el estado sumamente invisibilizada. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que retoma el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), de 2017 a 2021 se interpusieron 1,419 denuncias por violacion simple o violacion equiparada, más de dos centenas de casos son contra niñas y adolescentes menores de 18 años en el periodo 2017 a 2020, sin contar los que no son denunciados, lo cual arrojaría datos aun mayores no contabilizados. Aunado a esto, desde 2017 Aguascalientes se ha posicionado como la entidad con más delitos de índole sexual en todo el país.  

Esta situación en la entidad refleja la problemática en el país, pues según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2019 México ocupó el primer puesto a nivel mundial con respecto al tema del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Es por ello que se decidió implementar la no prescripción a estos delitos, donde la prescripción se entiende, según el diputado Adán Valdivia, como la adquisición de derechos con el transcurso del tiempo, en este caso, la prescripción deja de correr a favor del acusado una vez que se presente una denuncia, y la carpeta de investigación quedará abierta para que se investigue en cualquier momento.

“La necesidad de esta iniciativa es porque las víctimas no realizan las denuncias por miedo o porque no nombran o reconocen que lo que vivieron fue violencia sexual, o es un delito punible, incluso después de años. Al momento de prescribir están cortando los derechos de las víctimas a un acceso a la justicia. Nosotras buscamos que ningún delito relacionado con la violencia prescriba”, explicó Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA). 

¿Cómo funciona actualmente el sistema?

De acuerdo con el diputado Valdivia, el pasar del tiempo imposibilitaba a las víctimas a tener justicia ya que en determinado momento el archivo de la investigación del caso se tenía que cerrar en definitiva y cuando la persona regresaba, era imposible continuar la investigación y el proceso penal no proseguía, haciendo que el caso quedara impune.

La reforma aprobada responde a la demanda de los delitos por pornografía infantil, violación o violación equiparada, sin embargo, los mecanismos de atención a las víctimas deberán responder a la par, con personal especializado y capacitado, ademas de la necesdad de mejorar los protocolos de prevención de la violencia sexual.

“Tenemos una crisis de especialización en Latinoamérica por parte de abogadas, psicólogas, trabajadores sociales, médicas, etc., no estamos acostumbradas, incluso en los códigos éticos y deontológicos de las disciplinas involucradas en la atención a víctimas de violencia sexual no preveemos estos dilemas. Una justicia efectiva tendría que ser afectiva en primer lugar”, señaló durante una mesa de análisis del programa Más Allá de la Noticia, Lorena Rodríguez, psicóloga forense y especialista en atención a víctimas. 

La atención psicológica para una niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual no es una medida integral, porque no todas las y los profesionistas están capacitados o especializados. Por otro lado, la reparación del daño tiende a centrarse en los valores económicos, pero se descuidan la calidad de las psicoterapias u otros medios que componen a esta reparación, como sucede con la disculpa pública por parte de los agresores, un recurso que ha demostrado tener gran valor de satisfacción para las víctimas (especialmente en el acoso laboral o educativo), sin embargo, es complicado acceder a ella. 

Incluso no hay terapias efectivas para los mismos agresores, salen de su condena y nada garantiza que no vuelvan a repetirlo.  

¿Cuáles son los factores determinantes para que alguien denuncie o no? 

La cultura de la no denuncia va de la mano con la falta de confianza en las autoridades y de la forma en que se revictimiza, además, la impunidad está presente en más del 90% de los casos, lo que abona a que la víctima no pueda o quiera denunciar su caso. La ineficiencia de los sistemas de justicia no garantizan ni brindan reparación del daño a las víctimas. 

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de mil casos de abuso sexual a menores en México, sólo se denuncian cien ante la autoridad; de esos, solo diez van a juicio, y de ahí solo uno llega a condena. Es decir, el 99% de estos casos quedan impunes, cada año 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México.

“De las deudas más graves que tiene el Estado es el acceso a la justicia y con ello la reparación integral del daño y la garantía de la no repetición. En teoría, una vez que se accede a la justicia se tendría que garantizar que el daño que vivió va a ser reparado en la medida de lo posible, y el transitar de sus futuras experiencias van a quedar reparadas a lo más cercano que tenía antes de suceder el delito. Esto va más allá de que exista la punibilidad o tipificación”, añade Violeta Sabás, coordinadora del OVSGA. 

La garantía de la no repetición debe ser tanto para la víctima como para su círculo social. En casos de delitos que ocurren en espacios públicos o compartidos, las personas vecinas, conocidas o amistades viven con miedo de salir a la calle o frecuentar esas ubicaciones, y se quiebra la dinámica social. 

“Las víctimas recorren diferentes caminos para llegar a un lugar de sanación o estar posibilitadas, una de las opciones es la denuncia, pero no todas y todos la eligen. De obligar a todas las víctimas a denunciar estamos convirtiendoles a todas en objetos de prueba y no en sujetos de derecho”, menciona Lorena Rodríguez, psicológa Forense y especialista en atención a víctimas. 

Las víctimas pueden desear una salida restaurativa, y no tanto punitiva. Aunque desde nuestra subjetividad como personas terceras podemos calificar el evento y asumir el camino de acceso a la justicia que desean, esta ideas son desde nuestro concepto de justicia y no el de ellas o ellos. 

No todo termina ahí… 

Es necesaria una mayor coordinación entre las instancias coordinadoras y autoridades. Para Wilfrido Salazar, abogado del Observatorio de Violencia Social y de Género,  algunas de ellas son la Procuraduría de la Defensa de niños, niñas y adolescentes que se coordina desde el DIF y el Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes (SIPINNA). En ambas instancias, sus perspectivas siguen estando centradas en los modelos de familiares nucleares del pasado y no se adaptan a que las áreas ejecutivas sean más acordes a la realidad actual, sobre todo a nivel estatal. 

“La Suprema Corte de Justicia hace un año decía que hay dos derechos que han impactado el derecho familiar: el interés superior del menor y el libre desarrollo de la personalidad, pero lamentablemente no han bajado al Poder Judicial Local o a las áreas ejecutivas”, dice Salazar. 

Asímismo, es necesario reconfigurar leyes relacionadas con los delitos sexuales, ya que los delitos como la pederastia, incesto, o tentativa de violación, deben contar con un protocolo especializado y con mecanismos distintos de atención. Es decir, hacerlos delitos autónomos, pues el Código Penal local es arcaico y con falta de perspectiva.

Respecto a cómo informar a la población, es indispensable insertar la perspectiva de género y de derechos humanos y así reconfigurar a la educación sexual en los planes educativos. En escuelas privadas o públicas tiene que ser integral, científica y laica,  y que se dé desde los primeros años de preescolar, adaptándose al nivel de desarrollo psicológico.  

“Además tendría que acompañarse de medios de difusión en las que indiquen a niños, niñas y adolescentes que pueden denunciar, al acompañarse de cualquier otra persona adulta. Además de educar sobre la sexualidad, es que la información fluya para que las víctimas se sientan confiadas en que si van a denunciar van a ser escuchadas y que va haber al menos un inicio al acceso a la justicia. Dicen ‘yo ya se que tengo que denunciar o que lo que lo viví es una violencia sexual, pero me expongo y no me creen’. El enfoque es trabajar en generar instituciones confiables para que las personas se acerquen”, añaden Wilfrido Salazar y Violeta Sabás.

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