Las omisiones de la Fiscalía ante un intento de feminicidio

Por: María Fernanda Alvarado/ Observatorio Digital 

En la relación entre Esther* y Ricardo* que inició hace más de cinco años y a través de la cual tuvieron una hija, las manifestaciones de violencia fueron reproduciéndose de manera extensa y asfixiante. En últimas fechas, Esther* ha librado una batalla en contra del sistema de justicia para sancionar el intento de feminicidio del que fue víctima, pero las omisiones de la Fiscalía General del Estado en la investigación han sido el principal obstáculo. 

Su relación comenzó con restricciones y celos sobre las relaciones de amistad de Esther*, así como su uso de redes sociales. Después, Ricardo* pasó a violentarla no solo en lo privado sino incluso públicamente, a manipularla psicológicamente, y a agredir a su familia. Cuando ya estaban casados y con una hija, después de una breve separación, ella se vio obligada a volver a vivir con él mediante chantajes y las violencias psicológicas pasaron también a la dimensión física. 

Con el paso del tiempo, el consumo problemático de drogas y alcohol por parte de Ricardo* se volvieron más evidentes, al igual que las agresiones sexuales, las amenazas de matarla o desaparecerla, y agredirla frente a testigos. Este ciclo sin fin tuvo su punto más grave el 28 de febrero de 2021, cuando el agresor la intentó estrangular y la encerró a ella y a su hija en uno de los cuartos de la casa. Gracias a la ayuda de sus vecinos y vecinas, Esther* pudo salir de esa situación. 

“Yo no lo le deseo a nadie lo que viví el 28 de febrero, lo peor de todo enfrente de la niña, nada mas quiero protegerla de que no vuelva a vivir todo lo que ella ya vivió, no quiero que vuelva a ver cómo me golpean y maltratan, como me quiso estrangular”, cuenta Esther* en entrevista para el Observatorio Digital

Desde ese suceso y el pasar de los meses, ella ha presentado denuncias oficiales ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de tentativa de feminicidio y  violencia familiar, sin embargo, las mismas autoridades han puesto diversos obstáculos que imposibilitan el acceso a la justicia. A pesar de estar ya divorciados, con una orden de restricción, y en proceso de la patria potestad de su hija, el agresor sigue acosándola y los obstáculos institucionales parecen no tener fin. 

El 13 de diciembre pasado, el ex esposo de Esther* no se presentó a una audiencia intermedia, y esto desencadenó una serie de actos de omisión para su proceso judicial.. Ante esto, la ministerio público a cargo del caso pidió una audiencia con el juez de control y le giraron una orden de aprehensión, al día siguiente –el 14 de diciembre– el acusado tramitó un amparo para que no lo pudieran aprehender. A partir de ahí se le dio un tiempo para que cumpliera con los requisitos fundamentales: ponerse a disposición con la autoridad y pagar una fianza, la cual inicialmente fue de 10 mil pesos, pero al no cumplir el plazo de cinco días aumentó a 15 mil pesos. Al pasar del tiempo, nunca cumplió con ninguno de los dos requisitos.

Desde el 2 de enero, el amparo del agresor dejó de tener efectos legales, y aunque Esther* y su abogado esperaban que se emitiera la orden de aprehensión, esta nunca llegó. En repetidas ocasiones la víctima y su abogado han exigido que el agresor sea aprehendido, sin que reciban  respuesta por parte de las autoridades de la Fiscalía estatal. Mientras esto ocurre, el agresor ha gozado de beneficios que de acuerdo con la víctima y su defensa, no debería de poseer, por ejemplo, aunque tiene la restricción de no salir fuera del estado, en sus redes sociales ha demostrado lo contrario. 

El día 3 de febrero se llevó a cabo la audiencia familiar para analizar la guardia y custodia de su hija. A la audiencia  el agresor acudió de manera inesperada, Esther* sabe que la niña es su principal medio de ataque contra ella. En la Fiscalía, ella nuevamente les remarcó que el amparo había quedado sin efecto, y pese a que les enseñó la resolución del juez de distrito continuaron renuentes. 

Por lo anterior, Esther* decidió buscar la ayuda y protección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA) en el estado, pero esto no sirvió de nada. 

“Lo más triste fue que pensé que al acercarme a la Visitaduría (de la CEDHA) iba haber eficacia, los ministeriales ya estaban ahí para ejecutar la orden de aprehensión y alguien hizo una llamada de Fiscalía y les dijo que no lo detuvieran y se terminaron yendo”, narra Esther*. 

“Es un acto de corrupción grande porque yo desde el primer momento le advertí a la Fiscalía que su hermano trabajaba ahí, muchas veces les dije que mi miedo es que él intervenga y goce de algún privilegio porque su hermano está en el Departamento de Periciales. Ayer se lo repetí a varias personas en la Fiscalía, a lo mejor están esperando a que me desaparezca para entonces  ya no buscarlo a él, sino buscarme a mí, necesitan que me encuentre muerta o que él me haga algo para que ya la puedan ejecutar, necesitan que yo ya no esté viva”, añade.

Ante esto, el mismo 3 de febrero recurrió a solicitar ayuda del Fiscal, Jesús Figueroa Ortega, su secretaria le indicó que la ministerio público debía contactarla en el transcurso de aquel día para asignarle una nueva orden de protección para ella y su hija, hasta el día de hoy no ha recibido ninguna llamada. Incluso, su licenciado ha identificado que Ricardo* enfrenta otras acusaciones y pareciera que ninguna  avanza por la influencia de su hermano, que labora en la Fiscalía Estatal.

“Nos queda claro a mi y a mi licenciado que ya no vamos a poder solos, porque ya nos encontramos con un acto de corrupción, han demostrado que tienen ese nivel de poder. Voy a cumplir el 28 de febrero un año de un caminar muy largo, yo viví siete meses en Fiscalía de la Mujer, sometiendome a pruebas psicológicas y terapias, continuamente me revictimizaron a contar una y otra vez lo que viví durante cinco años. Las personas que levantamos la voz y decimos que ya no queremos vivir con esa persona, aparte de que nos van a revictimizar muchas veces para conseguir justicia, nos vamos a enfrentar a lo que yo estoy viviendo”, expresa. 

Esther* denuncia como la forma en que se manejan los casos de violencia familiar y de género en la Fiscalía invalidan la voz de las mujeres víctimas y el ejercicio de su profesión promueve la impunidad. Ella ha sido comprometida y puntual con todos los requisitos del proceso judicial, incluso aportó la pruebas necesarias para validar la violencia de la que fue víctima, mientras que el agresor solo ha detenido el proceso. 

“Yo fui muy disciplinada para cumplir, para que la Fiscalía no dijera que no puse con mi parte, para que trabaje conmigo y se lleve una sentencia de mi caso, pero yo siento que ya se paralizó. Ayer traté de hacer lo que estaba en mis manos y no pude”, dice. 

Además, Esther* percibe que la Fiscalía ha sido injusta en el proceso, pues mientras ella debe cumplir con ciertos procesos de manera estricta, él puede excusarse sin sanciones, por ejemplo, estar ausente cuando la trabajadora social realizó una visita al hogar del agresor, o el hecho de que en este tiempo solo le ha dado una sola mensualidad a Esther*, mientras ella ha tenido que lidiar sola con los recursos económicos para defender a su hija. 

“Es injusto porque jamás ha mantenido a la niña, no la quiere, es una manera de presionarme para que yo regrese. Si esta persona no ha aparecido en juicios orales para seguir llevando a cabo el proceso, quiere decir que no tiene buenas intenciones; además es muy feo que se haya presentado a juicios familiares porque sabe que trae un problema con la justicia y aún así fue. Si de verdad quisiera hacer las cosas bien hubiera cumplido con la terapia, o firmar las medidas que le pediamos mi licenciado y yo, como el no volver a molestarme a mí, es muy lógico que no quiere ser un padre responsable. Un día antes de la audiencia de vinculación a proceso me mandó mensajes hostigandome, los cuales yo he presentado como prueba. Rompió en una ocasión la orden de restricción, estoy enterada de que sufro acoso de él en mis redes sociales, todo el tiempo está pendiente de mis movimientos. En el juzgado familiar comentó que tenía acceso a las cámaras de seguridad de afuera de mi casa y nos solía cuidar. ¿Qué más puede esperar la Fiscalía para que le pongan atención a este problema?. Inclusive en el mes de diciembre buscaron a mi licenciado para ofrecerle dinero para que dejara las cosas así”, denuncia Esther*.

Añade que las amenazas y actos de acoso se han dado también por parte de la familia del agresor, a un grado de que en juicios orales inclusive les dieron la oportunidad de ir a declarar testimonios falsos sobre ella. 

Los efectos de la violencia hacia la mujer se viven psíquicamente y se representan en su cuerpo, dejandoles una huella permanente. Esther* desarrolló Ansiedad clínica, la cual también fue diagnosticada por la Fiscalía a través del peritaje psicológico. Explica:  “Mi vida era así, yo estaba segura desde las 9 a.m. que salía de la casa hasta las 9 p.m. que regresaba a dormir, porque ya sabía lo que me esperaba cuando llegará, él encontraba la manera de estarme atacando ya fuera con la niña o con el hecho de que a mí no me gustaba ir a su casa, ya que enfrente de su familia también me violentaba y ellos nunca hicieron nada”. 

“Ya pase por una serie de pruebas crueles para confirmar que fue verdad, entre ellas el de la Ansiedad, cuando yo llegue a la Fiscalía los dedos me sangraban, me solían salir ampollas del estrés y miedo que vivía. Todavía sufro por recuperarme, el 13 de diciembre que no se presentó me llené  la cara de alergia y los ojos se me hincharon. Él marcó mi vida porque sufría violencia de muchas maneras, psicológica, económica, sexual, de todas las maneras posibles me mutilo esos cinco años. Cada que hay una audiencia me estreso, mi cuerpo está muy desgastado”, dice. 

Sin duda, es inevitable que el desgaste psicológico y físico escape de las hijas e hijos que se han enfrentado a la violencia familiar. La hija de Esther* ha presentado secuelas de lo que experimentó, sin entender del todo porque él agresor, su papá, les trato así.  

“Trato de buscar fortaleza porque yo soy el pilar de mi hija, ver cómo está mi hija me motiva a pensar que el familiar y el juez oral tienen que ser justos, ella sufre, ella llora porque no lo quiere ver. Ningún niño merece lo que ella vivió ese día, si ya un niño vivió eso ¿por qué le dan tantos derechos a una persona que la agredió así?”. 

Una de las razones principales por las que la víctima se siente vulnerable, se debe a que su hija no ha sido reconocida como víctima directa de la violencia que ejerció y aún ejerce su ex-esposo. “Se dio la orden de restricción por parte del Familiar, la legista emitió un certificado de lesiones para mi hija y pese al certificado, Fiscalía me decía que la violencia en contra de ella no había sido a propósito, ella también fue víctima ese último día de violencia, sin embargo, por parte de Fiscalía mi hija no tiene ningún tipo de protección. Desde allí hubo una primera omisión, el reconocer a mi hija como víctima”. 

En espacios como el Centro de Justicia para Mujeres, quienes fueron su red de apoyo psicológico, llevaron su caso con eficiencia y la prepararon para enfrentarse al proceso legal, aunque aprecia su labor, identifica que aún tienen que seguir trabajando en incluir al sistema una perspectiva en la que no se les olvide nombrar y brindarles servicio de igual manera a las hijas e hijos de las mujeres víctimas. 

“Cuando tú tomas la decisión de cooperar con ellos para denunciar violencia familiar no deberían de minimizar los casos, en México por omisiones de las autoridades nos terminan matando. Deberían tener más cuidado con los elementos que tienen, porque el hecho de que su hermano está ahí (en la Fiscalía Estatal) no le debería de dar ninguna garantía de protección, seguimos lidiando con el abuso de autoridad. Al hacer uso del Observatorio y de los medios de comunicación, lo hago responsable tanto a él como a su familia, y a las omisiones del llamado de auxilio que exprese ayer ante las autoridades. Le pido a la Fiscalía una cita con el fiscal o que alguien pueda revisar mi caso con compromiso y transparencia”, finaliza Esther*. 

*El nombre de la víctima y el agresor fueron cambiados por seguridad de la víctima y por el proceso legal que se lleva a cabo.

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