Urge plan integral para frenar crisis forense en México

Para solventar la crisis forense por la que atraviesa México, que ha dejado como saldo más de 50 mil personas sin identidad en los sistemas forenses del país, de acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM); de poco sirven las cifras acerca de la infraestructura y el personal de las áreas forenses, si las fiscalías en las entidades no realizan un diagnóstico profundo y  trazan un plan integral de formación para su personal con perspectiva de derechos humanos, dijo en entrevista Aurelio Coronado Mares, especialista en ciencias forenses.

El pasado 25 de octubre, el INEGI publicó los resultados del Censo de Procuración de Justicia Estatal 2020, donde incluye información sobre los servicios forenses en las entidades, como la infraestructura, el personal y la cantidad de personas fallecidas e identificadas durante el año 2020, en medio de una situación donde la violencia y la desaparición de personas han venido en aumento.

“Cuando hablamos de efectividad de un sistema de procuración de justicia, el sólo dato de la cantidad de infraestructura o de personas contratadas no nos dice realmente mucho, lo que nos va a decir lo qué está pasando son los diagnósticos como el de Naciones Unidas o Amnistía Internacional, varias organizaciones internacionales lo han dicho ya”, explica Coronado Mares.

De acuerdo con el informe, la unidad de servicios forenses de la Fiscalía General de Aguascalientes tiene 29 cámaras de frío para albergar cuerpos de personas que han perdido la vida, y hasta el cierre del 2020, había 29 cuerpos de personas sin identificar en esos espacios. Es decir, se encuentra a su máxima capacidad. 

Para Coronado Mares, la problemática forense en este país donde las desapariciones van en aumento y las buscadoras son principalmente familiares de víctimas desaparecidas y organizaciones acompañantes; los datos del INEGI son un insumo primario que deben usar las autoridades para hacer un diagnóstico integral.

El origen de la Crisis Forense en México

Para enmarcar la problemática de la crisis forense en México, Aurelio Coronado recuerda que en mayo del 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Jan Jarab, envío una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para alertar sobre la emergencia forense en el país

Según información publicada, la carta fue enviada en el marco de la audiencia “Desapariciones forzadas y la propuesta del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”.

Desde entonces se distinguió que los servicios forenses en México estaban rebasados en tres aspectos: falta de capacidad técnica necesaria, condiciones del material para la realización de las tareas y la cantidad de personal ante la demanda de servicios.

A partir de ese antecedente señalado por un organismo de derechos humanos de alcance internacional, lo importante no son los datos sino entender si esas instalaciones y personas realmente aportan un resultado para minimizar la crisis forense, comenta Coronado Mares.

Las preguntas serían: ¿Hay protocolos? ¿Los profesionales (psicólogos, médicos, criminalistas)  están capacitada/os para hacer una investigación desde las pautas internacionales?

Estas pautas incluyen que el personal esté capacitado con una perspectiva científica, que el personal trabaje en conjunto y tomen en cuenta perspectivas diferenciadas dependiendo del caso, para así realizar una investigación integral.

“Las evidencias deben ser revisadas por todos, deben hacerse análisis de contexto y avanzar a partir de hipótesis y no una sola versión de los hechos”, agrega el especialista. 

El uso de las estadísticas “vacías”, es decir, sin contrastarlas con aspectos cualitativos para reflejar los resultados obtenidos por la dependencia, es una estrategia inoperante donde no se consideran otras voces como las académicas, las de especialistas y las de las víctimas.

En el marco del Simposio de Identificación Humana en la Ciudad de México, celebrado del 11 al 15 de octubre, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación; habló de la necesidad que tiene el país de tener nuevas capacidades institucionales para hacerle frente a la crisis forense.

El funcionario definió la problemática  como una de las principales crisis de derechos humanos que sufre el país, para la cual es indispensable la creación de un banco nacional de datos genéticos, contar con capacidades de identificación humana en todas las entidades y tener un programa de identificación masiva.

Las cifras 

De las 283 unidades de servicios médicos y forenses que existen en el país, Aguascalientes tiene siete laboratorios fijos y móviles y un laboratorio con área de necropsias. Los estados con mayor infraestructura en este tema son Tabasco y Chiapas.

El estado de Aguascalientes tiene una unidad de servicios periciales, tres anfiteatros y 29 cámaras de frío para conservar cuerpos de personas.  Está a su máxima capacidad.

En el área de servicios periciales trabajan 94 personas, son un poco más del doble que en el estado de San Luis Potosí y casi al nivel de Durango.

El total de personal de esta área atendió durante el 2020 a 82 mil 60 solicitudes de intervención. 

A nivel nacional el presupuesto para el tema forense aumentó 16.4% de 2019 a 2020. Aguascalientes ejerció 55.2 millones de pesos en 2020.

Según las cifras del censo, en el área de servicios periciales de la Fiscalía se recibieron a 619 personas sin vida, de las cuales 597 fueron identificadas. 

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