Preparan amparo para exigir conformación de Consejo Ciudadano de Búsqueda

El Colectivo Buscando Personas Verdad y Justicia y el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) preparan un amparo para exigir al Gobierno del Estado la conformación del Consejo Ciudadano al interior de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), pues el pasado 29 de octubre se cumplieron un año y dos meses de que el gobierno estatal ha incumplido con la instalación de este órgano ciudadano. En entrevista, Luis Dena, abogado constitucionalista integrante del OVSGA, anunció que ya preparan el recurso jurídico que van a interponer para las familias.

De acuerdo con la ley, el Consejo Ciudadano tiene entre sus funciones proponer acciones para acelerar y profundizar las labores de la Comisión Estatal de Búsqueda, acompañar medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas, solicitar información sobre su ejercicio para hacer recomendaciones, y contribuir en la elaboración de acciones, políticas públicas y proyectos.

Este órgano debe estar integrado por tres familiares de víctimas desaparecidas, dos especialistas (de preferencia uno en materia forense y otro en derechos humanos) y dos representantes de la sociedad civil organizada. Además, dentro del Consejo debe existir un Comité de Evaluación y Seguimiento de los procesos de búsqueda.

“La idea es que este Consejo se instituya por la orden de un juez de distrito que se dé cuenta que existe una omisión por parte de las autoridades y esta omisión debe ser subsanada tan pronto como se nos conceda el amparo promovido por familiares de personas que han desaparecido”, explica el abogado.

Este juicio de amparo está sustentado en la necesidad que existe de parte de las familias de personas desaparecidas en Aguascalientes de que todos los órganos públicos destinados a la búsqueda de personas se encuentren constituidos, tal y como se especifica en la ley correspondiente. 

La historia de los retrasos

De acuerdo a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; los organismos de búsqueda en las entidades están obligados a contar con una figura ciudadana que acompañe y fiscalice las acciones de estas dependencias.

Las comisiones de búsqueda locales debieron conformarse a partir del 19 de febrero del 2018 en las 32 entidades del país. En Aguascalientes, tras un año y medio de retraso,  el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes interpuso un amparo para la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB).

Fue hasta el 29 de junio de 2020, con dos años y cuatro meses de retraso y como resultado del amparo interpuesto, que el gobierno del panista Martín Orozco Sandoval cumplió con la obligación de instalar la CEB. 

Con la misma estrategia legal, víctimas y defensoras se preparan para exigir la instalación del Consejo Ciudadano de Búsqueda ante la omisión de la Secretaría General de Gobierno, órgano que regula las actividades de la Comisión.

Buscando Personas Verdad y Justicia

De acuerdo con el  Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Aguascalientes 330 personas permanecen desaparecidas desde 1964. De estas, 132 son mujeres, 195 hombres y tres personas sin determinar. La edad promedio es de entre 15 y 19 años de edad. 

En Aguascalientes, el OVSGA acompaña hace casi cinco años la creación del Colectivo Buscando Personas Verdad y Justicia en el que están integradas las familias de 19 personas desaparecidas.

Entre ellas está, Angélica María Romo y María de Jesús De Léon, que buscan a sus hijos Arturo Muñoz y José Guadalupe Rodríguez; y Patricia Navarro, que busca a su hija Claudia Elizabeth Reyes Navarro.

Claudia de la Torre busca a su hermano Marco Antonio de la Torre Ramos, Mercedes Belmares busca a su hijo Jonathan López Belrmares, Francisco Javier Espinoza busca a su hijo Javier Espinosa Almanaza, y Sergio de Lara busca a su hijo Sergio De Lara Quezada. 

Para Luis Dena que la ciudadanía se apropie del recurso del amparo para exigirle a la autoridad el cumplimiento de sus obligaciones retrasadas u omitidas es importante como un acto de participación ciudadana y como una forma de hacer cumplir la ley. 

Incluso un juicio de amparo llega a tener mayor trascendencia cuando es conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces los beneficios de las modificaciones aplican no sólo para la persona que promovió el recurso, sino para cualquier persona que se vea afectada por la autoridad en una situación similar, argumenta Luis Dena.

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