Evita Fiscalía de Aguascalientes sanciones a sus empleados, señala estudio

De acuerdo con el estudio “La impunidad administrativa en México” publicado en agosto de este año por la organización civil Impunidad Cero; Aguascalientes y Baja California son dos de las entidades en el país con el mayor índice de impunidad administrativa en sus fiscalías, con 93.6% y 93.2%, respectivamente. 

La impunidad por la falta de sanciones administrativas es aquella que se presenta cuando el Estado es omiso en sancionar las faltas en que incurren las y los servidores públicos derivado del desempeño de su cargo. Es decir, la Fiscalía de Aguascalientes es omisa en sancionar a las y los trabajadores que cometen faltas relacionadas con su cargo. 

Estudio “La impunidad administrativa en México” realizado por Impunidad Cero. 

El estudio se realizó a través de solicitudes de información a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales y en las 32 entidades del país, para conocer el número de sanciones impuestas a servidores públicos que cometieron alguna falta durante el periodo 2014-2019. 

En Aguascalientes, la respuesta a las solicitudes de información para todos los poderes fue, en la mayoría de los casos, incompleta. Sin embargo, no se registraron errores graves en las respuestas como sí sucedió en otras entidades como Tabasco y Guanajuato. 

Estudio “La impunidad administrativa en México” realizado por Impunidad Cero. 

“En México, la impunidad por la falta de sanciones administrativas  a servidores públicos es mayor a 90% y afecta la calidad de los servicios que presta el Estado. Contar con un sistema de sanciones eficaz es un componente clave para que la función pública se desenvuelva de manera correcta”, señala el estudio. 

Hay impunidad cuando no hay consecuencias ni responsabilidades por el incumplimiento de un deber, por eso –indica el análisis– la impunidad es una medida de ineficacia de un sistema. Por lo que, cuando el sistema de responsabilidades administrativas no es eficaz, aumenta la impunidad administrativa. 

La investigación destaca que, a nivel federal, son bajas las probabilidades de que una falta de servidores públicos sea sancionada pues de acuerdo con la información reportada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre 2012 y 2016 sólo 8 de cada 100 faltas de servidores públicos fueron sancionadas en el país. 

“La función de sancionar administrativamente a servidores públicos que incumplen con sus funciones tiene una doble relevancia en la actividad estatal. Por una parte, permite que se corrijan los errores de la prestación de servicios a cargo de las entidades públicas, y, por otra, las sanciones sirven para desincentivar la realización de conductas indebidas establecidas en las normas que regulan a los servidores públicos, mediante la imposición de medidas represivas como consecuencia de dichas faltas”, añade la investigación. 

En 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación a la Fiscalía General de Aguascalientes para investigar y sancionar a más de una veintena de servidores públicos en activo que cometieron actos de tortura contra al menos 19 personas detenidas –en muchos casos injustamente– durante la administrativo del ex procurador Felipe Muñoz Vázquez. 

Aunque en ese año el actual fiscal general, Jesús Figueroa Ortega, anunció que aceptarían la recomendación, hasta ahora poco se sabe sobre las sanciones para las y los servidores públicos señalados por la CNDH, que hasta hoy permanecen en funciones. En este 2021, las víctimas permanecen exigiendo justicia. 

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