Se exime Estado de su responsabilidad en embarazos adolescentes

Por: Susana Rodríguez.

Camila* dejó la escuela casi al terminar sexto de primaria y ya no pudo regresar, tenía una relación conflictiva con un hombre mayor de edad y cuando iba a cumplir 16 años de edad se enteró que tenía cuatro meses de embarazo, no fue algo planeado. Su pareja tenía 23 años y según el Código Penal del Estado de Aguascalientes cometía el delito de estupro al relacionarse sexualmente con ella.

Desde pequeña, Camila tuvo que cuidar de sus sobrinos, una actividad que no eligió, sino que se la impusieron; así que cuando nació su hija, ella sintió que tenía la experiencia necesaria para los cuidados, sin embargo, su vida cambió de manera radical.

“La recuperación después de tener a la niña fue complicada, pero tuve que mentalizarme mucho en que ya no era nada más yo, ya tenía otra personita por la cual yo tenía que ver”, recuerda Camila, quien estudió hasta sexto de primaria y como adolescente no le era posible trabajar para mantener a su hija. 

“Existen casos donde la diferencia de edad entre la madre adolescente y el padre es significativa, pero es un dato que no se tiene con certeza porque no es un procedimiento que se registre al momento de la atención médica”, asegura Lourdes Martínez Stainess, tanatóloga, psicoterapeuta sexual y ex titular del Departamento de Salud Reproductiva del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA). 

Y sin información, es difícil combatir la problemática. En el proceso de atención de una adolescente embarazada, las autoridades de salud en Aguascalientes no realizan ningún tipo de análisis de contexto: no indagan la edad de la pareja, si hay alguna condición de violencia o delito, si viven juntos o si ella tiene el apoyo de su familia, además, la asesoría psicológica no se les ofrece a todas las jóvenes al momento en que acuden a la atención médica, agrega Martínez Stainess. 

En estas relaciones asimétricas, la falta de educación sexual provoca que las adolescentes piensen que la decisión de usar métodos anticonceptivos le corresponde únicamente a su pareja, además de que en todos los casos los hombres de mayor edad suelen manipular a las mujeres jóvenes. Otra de las carencias de información en el sector salud es que no existen registros para determinar si las madres adolescentes después de tener a su primer hijo, se embarazan de inmediato, añade la especialista. 

En cuanto a la información solicitada a las pacientes adolescentes embarazadas, el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) respondió por escrito al Observatorio Digital que el expediente clínico de la paciente contiene la información que establece la NOM-007. 

La NOM-046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención”, señala que es necesario contar con una serie de datos, como la condición emocional y mental de la adolescente, su relación con los integrantes de su familia y con su pareja.


“Los datos que se recaban corresponden a la información del expediente clínico necesarias para la atención médica y psicológica conforme a la NOM- 007 del expediente clínico y la NOM-046. Es importante destacar que sólo en aquellos casos que se dan alertas de violencia, se piden datos específicos”, señala el documento del ISSEA.

Según datos del ISSEA solicitados por transparencia, en Aguascalientes se registran embarazos en niñas de 10 años hasta adolescentes de 17 años. Del 2015 al 2021, el año 2017 fue cuando se registró un mayor número de embarazos adolescentes, con 2 mil 204. Del 2019 al 20 de julio de 2021 se consignan, en promedio, cuatro embarazos adolescentes por día en el estado.  

El embarazo de niñas y adolescentes anualmente en México en promedio alcanza el ocho por ciento, es decir, ocho de cada diez adolescentes de 15 a 17 años tienen una hija o hijo nacido vivo, y en todos los casos viene un segundo hijo después, dijo en entrevista Juan Martín Pérez García, coordinador Regional Tejiendo Redes Infancia.

Aunque legalmente las bodas tempranas con niñas y adolescentes están prohibidas por ley, en muchas ciudades o comunidades de la país socialmente se permiten, aunque sea un delito. En muchos casos, los embarazos en mujeres menores de 18  años de edad están vinculados con estas uniones. 

“Hay  que tener claro que en niñas de 10 a 14 años –e incluso a los 15 ó 16– no cabe la posibilidad de aceptar el consentimiento, tiene que ser siempre considerado un hecho de violencia sexual y violación”, dice Pérez García. 

Para el especialista, esta violencia sexual tiene un sustrato cultural, pues la sociedad mexicana es machista, racista y adultocéntrica. Esto ha llevado a que las y los niños -aún cuando las leyes lo prohíben- sean considerados objetos de protección y propiedad. Entre esta propiedad y el deseo sexual adulto existe una línea delgada casi imperceptible, agrega el especialista. 

La irresponsabilidad de los hombres/padres y el peso del embarazo adolescente

Además de ser adolescente y enfrentar un embarazo, Camila también era víctima de violencia familiar. Los nueve meses del embarazo los pasó en casa de su madre, pero cuando nació su hija empezó a vivir por su cuenta y al poco tiempo su pareja se mudó con ella. Vivieron juntos poco más de un año y hace unos meses ella decidió separarse por lo violenta que era su relación, discutían todo el tiempo y su hija de dos años era testigo de la situación. Incluso las agresiones  pusieron en riesgo su segundo embarazo.

En el año tres meses que Camila vivió con su pareja, ella volvió a embarazarse, -actualmente tiene cinco meses- entre las dificultades de su relación violenta, el papá de las niñas se negó a reconocer a la bebé que está por nacer.

“El papá de mi hija con otras personas es lindo y respetuoso, pero a mi no me tocó vivirlo así, conmigo era muy diferente, yo lo conocí porque era compañero de la prepa de una de mis hermanas”, cuenta la joven.

Generalmente, las adolescentes embarazadas acuden a atención médica acompañadas de su mamá, la pareja o alguien de sus redes de apoyo; sin embargo, para la doctora Martínez Staines, ex titular del Departamento de Salud Reproductiva del ISSEA, que las parejas las acompañen durante el embarazo y el parto no es una garantía de que vayan a quedarse con ellas al momento de la crianza.

Camila dice que, emocionalmente, se siente más tranquila sin la presencia de su pareja, pero la situación económica es difícil, pues él no cumple con su obligación de aportar para la manutención de sus hijas.

“Si me la estoy viendo muy difícil y apretada en dinero porque no me está apoyando con nada, mi mamá es la que me ha estado apoyando”, narra. 

Para las mujeres adolescentes tener una hija o hijo les implica en la mayoría de los casos dejar la escuela, tener una responsabilidad económica que muchas veces cargan solas y un proceso educativo que si llegan a retomarlo les llevará muchos años de su vida, además de la crianza en soledad. Para Camila su embarazo ha modificado ampliamente su vida.

Camila estudió hasta sexto de primaria. Ella ahora es una joven que recién cumple la mayoría de edad, tiene una hija de dos años, está embarazada y tiene muchas ganas de seguir estudiando.

De ser una niña que quería continuar sus estudios en secundaria, pasó a ser una madre adolescente en la sala de espera del Hospital de la Mujer, donde vivió violencia obstétrica desde el momento en que llegó en labor de parto hasta que nació su hija. Camila recibió malos tratos de las y los médicos que mientras atienden a las pacientes les hacen comentarios estigmatizantes sobre su vida sexual.

La Pandemia: El aparador para los problemas

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es un problema histórico y sistemático que se ha agudizado con el paso del tiempo y  que con la pandemia de Covid-19 incrementó, añade Juan Martín Pérez, coordinador Regional Tejiendo Redes Infancia.

De acuerdo con el estudio “Impacto de la pandemia en niñas y niños”, publicado por la Secretaría de Gobernación, en México 5.2 millones de niñas, niños y adolescentes dejaron la escuela para el ciclo escolar 2020-2021. Pérez García explica que la mayoría son chicas adolescentes que tuvieron que  dedicarse a labores de cuidado y trabajo doméstico.

Desde la perspectiva de Tejiendo Redes Infancia, aunque la pandemia incrementó los niveles de violencias en el hogar, es importante  señalar que no se trata de casos nuevos; pues el embarazo  adolescente, la violencia sexual, familiar, física y psicológica ya ocurría antes de comenzar la pandemia pero el confinamiento agudizó la problemática e hizo estallar violencias añejas, reconoció Pérez García. 

“La autoridad lo pudo haber prevenido, lo pudo haber atendido porque estaba literalmente en la mano poder hacerlo y no lo hicieron, tenemos un escenario tristemente crítico, es una crisis institucional de derechos humanos”, agregó.

En suma, con la pandemia una de las actividades que se truncaron fueron las pláticas de educación sexual y la dotación de anticonceptivos por parte de las autoridades de salud.

La debilidad y tibieza de las instituciones

Desde la sociedad civil organizada se vislumbran alternativas de solución que al estado pareciera no interesarle o está incapacitado para realizarlas.

Para Juan Martín Pérez García, el estado debe lograr que las adolescentes permanezcan en la escuela y a la par estimular programas de educación sexual y reproductiva, en particular de acceso a servicios de prevención de embarazos e interrupción legal del mismo.

Cualquier esfuerzo para prevenir el embarazo adolescente debiera desarrollarse a través de un sistema integral como espacio de coordinación, pero no se cumple. 

“La Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Temprano es buena pero no se ha cumplido porque no tiene presupuesto para su ejecución, se integró el SIPINNA, es un espacio maravilloso de articulación, pero ya no se han reunido porque sigue también sin presupuesto y con los recortes criminales quedó anulada la posibilidad quizá para todo el sexenio”, argumenta Pérez García.

Desde el 2016, se instaló en Aguascalientes el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes del Estado de Aguascalientes (GEPEA) que tiene como objetivo cumplir los objetivos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) del Instituto Nacional de las Mujeres.

En el informe del GEPEA  correspondiente al año 2020, se especifica que durante el año pasado en Aguascalientes se registraron 88 nacimientos de niñas entre los 12 y 14 años de edad; y 8 mil 211 nacimientos de madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad. 

Betsy Montoya Arechar, integrante de la Fundación VIHDHA, considera que el GEPEA tiene tres grandes debilidades: la ausencia de acciones articuladas entre todas las instancias y organismos que conforman este grupo, la falta de presupuesto y la generación de proyectos y políticas públicas sin la voz de las y los adolescentes.

“Creo que falta preguntarles a las y los adolescentes que quieren realmente y que lo que se les pregunte se apliqué, porque también he sabido de consultas juveniles que al final sólo se quedan en papel”, agregó Montoya Arechar.

*Crédito foto portada: Isabel Briseño. Pie de Página. 

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