La esclavitud moderna: jornaleras agrícolas en México

Por Susana Rodríguez

Las mujeres jornaleras pertenecen a uno de los sectores laborales más precarios en México, sin importar si son o no migrantes trabajan sin contrato laboral, sufren la brecha salarial y además no se libran de sus “obligaciones” en el hogar.

De acuerdo a la experiencia de María Mayela Blanco Ramírez, investigadora del área de Derecho al Trabajo Decente del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG) e integrante del equipo coordinador de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas; de las más de tres millones de personas que trabajan en el sector agrícola en México, el 40% son mujeres, con salarios que varían entre 120 y 250 pesos por día para los hombres y para ellas en promedio 20% menos que ellos.

Cuando el modo de vida de la comunidad no alcanza para la manutención de las familias, las mujeres migran de manera interna (a otros estados del país) o externa (EU y Canadá) en busca de un trabajo en el sector agrícola. Las migrantes internas reciben en sus comunidades ofertas de trabajo a primera vista motivadoras: una propuesta laboral que va desde 45 días hasta 9 meses, con pagas de más de 200 pesos diarios, que al llegar a los lugares de trabajo no siempre son reales.

De acuerdo con Blanco Ramírez, las mujeres de estados del sur como Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero trabajan en los estados del centro y norte como Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, Baja California y Sonora. Mientras que las que viven en el centro del país se desplazan hacia los estados del norte. Migran ya sea solas o en grupos familiares.

Al llegar a su destino es posible que tengan un albergue o galera para dormir donde comparten el espacio con su familia u otras mujeres, algunas veces les ofrecen alimentos ya preparados y en otros casos ellas deben cocinar, ya sea que los patrones les provean de los insumos o no, comentó Blanco Ramírez.

La mayor parte de las veces no tienen camas o hay bases de cemento sin sábanas, ni cobijas. También hay quienes al llegar a los campos agrícolas deben rentar su espacio propio o las reciben en casas a medio construir y/o en cuartos compartidos.

En un día normal de trabajo, las mujeres se levantan alrededor de las 5 ó 6 de la mañana, si les dan alimentos el café se sirve temprano y algunas veces les ofrecen pan dulce. Enseguida son trasladadas a donde van a trabajar para cortar fresa, tomate, chile morrón, naranja, uva, pepino, chile serrano y cebolla, entre otros alimentos. Algunas veces el traslado es corto y en otros casos llega a ser hasta de una hora y media.

Los trabajos que las jornaleras realizan dependen del tipo de cultivo, hay quienes cortan, siembran, empacan o limpian la tierra; y en otros casos les destinan tareas domésticas como limpieza de los baños, elaboración de alimentos, dar agua a quienes están sembrando o haciendo aseo en los espacios comunes.

Por lo regular sus horarios son de siete a cuatro de la tarde, de lunes a domingo, no tienen días de descanso y hay quienes trabajan doble jornada con un trabajo vespertino. No hay pago de horas extras, ni pagas dobles los fines de semana.

“Antes se decía que las mujeres acompañaban a sus parejas, yo creo que ese término en realidad no ha existido, pero para muchos empresarios era más fácil decir que las mujeres acompañaban porque era una forma de invisibilizar una obligación salarial”, puntualizó Blanco Ramírez. 

Las mujeres en las zonas rurales e indígenas -que es de donde vienen la mayoría de las trabajadoras del sector agrícola- padecen desnutrición y enfermedades como osteoporosis, presión arterial, son propensas a desarrollar diabetes, a falta de contrato no cuentan con servicios médicos y su alimentación en los centros de trabajos es deficiente.

En los campos agrícolas, de acuerdo con Blanco Ramírez, las mujeres llevan una dieta  donde predomina el arroz, frijoles de la olla, sopa de pasta, caldo de huevo, a veces comen carne como pollo o bistec, acompañado con agua simple y tortillas.

“La mayoría de las mujeres migrantes llegan en condiciones de desnutrición, descalcificación y  a esto se le suma que tienen que llegar a trabajar bajo el intenso calor o frío”, agregó la investigadora.

También hay mujeres que realizan trabajo agrícola en sus propias comunidades de origen (indígenas o rurales) tanto en el sur como en el centro del país y son quienes en sus casas además de las labores del hogar, trabajan en el cultivo de su milpa, en su mayoría para consumo propio.

“Además de hacer arroz, frijoles, ver que los niños hagan la tarea, en la tarde o en la mañana antes de iniciar cualquier actividad van y trabajan en la milpa”, hizo notar Blanco Ramírez.

Legislación que no da fruto


En México, tanto la Constitución Política como la propia Ley Federal del Trabajo contempla elementos que protegen a la población trabajadora del campo, sin embargo, en la práctica hay un sinfín de derechos de mujeres jornaleras y obligaciones de los empleadores que no se cumplen.

Entre los abusos cometidos contra las trabajadoras jornaleras está por ejemplo la retención del salario de parte de los intermediarios -quienes que van a las comunidades a reclutar a las trabajadoras- que son sus jefes directos, ellos les venden la idea a las trabajadoras de entregarles su dinero hasta el final de su período para que les sirva de ahorro, pero el inter les hacen “préstamos” que ellas usan para cubrir sus necesidades más apremiantes y al final de la temporada les descuentan este dinero, por lo que su paga termina por acortarse.

Otro método de coerción son los “enganches”, que es un adelanto de alrededor de mil pesos que les dan a las trabajadoras al momento del reclutamiento. Así cuando ellas llegan al lugar de trabajo si no están de acuerdo con las condiciones, están “comprometidas” a quedarse por este recurso que inicialmente les dieron.

Una luz de Justicia Social

La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas en México tiene documentados al menos dos casos en los que se ha buscado hacer justicia para las y los trabajadores.

Uno de ellos fue un accidente ocurrido en julio del 2014, cuando una camioneta transitaba del rancho El Ebanito, en Matehuala hacia la comunidad de Norias del Refugio, perteneciente al municipio de Guadalcázar en San Luis Potosí. En ella se trasladaba a 38 personas (mujeres, hombres, niñas y niños) y debido al sobrepeso del vehículo se les ponchó una llanta y se volcaron. En el accidente fallecieron tres personas, dos menores de edad y un adulto, todos originarios del estado de Guerrero.

Con la intervención de las organizaciones civiles se logró obtener atención médica para quienes resultaron con lesiones, acompañamiento jurídico para las personas involucradas e interponer las demandas legales por parte de las familias que perdieron a alguna persona de su familia.

El otro caso fue a finales de septiembre del 2020, cuando un grupo de 35 personas, originarias de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí; trabajaron en un cultivo de tomate en Villa de Arista, San Luis Potosí por 190 días y al final no les pagaron.

Dos de las trabajadoras afectadas originarias de Hidalgo y Veracruz hablaron con organizaciones integrantes de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas quienes interpusieron oficialmente la denuncia correspondiente ante la Secretaría del Trabajo; la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, así como a las Comisiones de Derechos Humanos, local y la nacional y lograron el pago total de los días trabajados y se les brindó apoyo para que volvieron con seguridad a su lugar de origen.

Para la población jornalera agrícola en México es complicado acceder a la justicia social que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es indispensable para la paz y la vida digna. Por su parte, las agrupaciones en pro de la defensa de los derechos laborales consideran que esta es una lucha de largo aliento, que debe pelearse hasta erradicar la precariedad y el abuso.

Fotografía  Mayela Blanco, investigadora del área de Derecho al Trabajo Decente del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG) e integrante del equipo coordinador de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. 

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