La deuda pendiente en la protección del derecho a la protesta social en el marco de las manifestaciones del 8M2021

Por Centro de Derechos Humanos

Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh)

El 8 de marzo de 2021, en el marco del día Internacional de la mujer, se realizaron diversas manifestaciones públicas en todo el país para denunciar los temas pendientes sobre la violencia contra las mujeres que prevalece en México, mostrando que ésta no solo se ha mantenido, sino que se ha incrementado en los últimos años. Todo lo anterior, evidenciado la ausencia de políticas públicas para atender los diferentes tipos de violencias contra las mujeres desde la raíz, la investigación con debida diligencia en casos de agresiones sexuales, feminicidios, y violaciones a derechos humanos realizadas por agentes estatales como la tortura sexual[1].

Es en el contexto anterior que se insertan las protestas de colectivas, redes, organizaciones y mujeres defensoras de todo el país, que se suman al reclamo legítimo para erradicar la violencia de género y para que el Estado garantice el derecho a una vida libre de violencia. Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), reconocemos que estas manifestaciones se insertan en el legítimo ejercicio de los derechos de reunión y de libertad de expresión, e incluso del derecho a la protesta los cuales son reconocidos tanto en la Constitución Mexicana como en diversos tratados internacionales, y que por ende deben protegerse y garantizarse.

Frente al ejercicio de estos derechos, el uso de la fuerza y más aún, del derecho penal debe ser siempre la última alternativa, pues aún cuando las conductas enmarcadas en contextos de protesta resulten confrontativas, el uso punitivo del derecho, debe ser siempre excepcional y el último recurso, garantizando una mínima intervención y asegurando que su uso sea limitado, debido a las afectaciones que conlleva en la libertad e integridad personal.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que “La criminalización de la protesta social consiste en el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta y en algunos casos, de la participación social y política en forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional y reiterado de la justicia penal o contravencional en contra de manifestantes, activistas, referentes sociales o políticos por su participación en una protesta social.”[2]

Aunado a lo anterior, resaltan algunos criterios judiciales en los que se ha sostenido que, en contextos de protesta, no solo no debe aplicarse el derecho penal, sino que se debe atender el conflicto que originó las manifestaciones; es el caso del Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del Estado de Querétaro que al resolver el amparo en revisión 133/2017, en un caso representado por el Centro Prodh[3], determinó que en contextos de manifestaciones, se deberá realizar: “un ajuste razonable de la norma penal a los hechos sobre los que pretenda proyectarse y una cuidadosa reflexión en cada caso, en relación con el origen histórico y contenido del discurso de reclamo o protesta y su actual proyección progresiva y funcional en un régimen democrático, tomando en cuenta que la libertad de manifestación de las opiniones e ideas e, incluso, de protesta mediante la resistencia civil pacífica actualmente encuentran cobertura dentro del parámetro de regularidad constitucional”. Asimismo, el Tribunal en cuestión estableció que, en estos, la autoridad deberá identificar el contexto en el que supuestamente se comete la conducta delictiva al momento de realizar una ponderación entre el reclamo o resistencia y la respuesta de la autoridad, considerando incluso que puede tratarse de un legítimo ejercicio de derechos (como lo es la manifestación y la protesta social) y, por lo tanto, se actualizaría una causa de exclusión de delito.[4]

Pese a existir un marco normativo interno y estándares internacionales que protegen el derecho a la protesta; en meses recientes se han registrado múltiples violaciones a los derechos humanos derivadas de operaciones policiales de distintas corporaciones de seguridad y del uso del derecho penal para criminalizar a las manifestantes en nuestro país; según el Informe La era de las mujeres. Estigma y violencia contra las mujeres que protestan[5], publicado por Amnistía Internacional México, las autoridades de estados como Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa, Estado de México y Ciudad de México donde se  reprimieron a mujeres que protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género en 2020, violando sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica mediante el uso innecesario y excesivo de la fuerza, realizándose detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual. Asimismo, AI encontró que las autoridades mexicanas restringieron indebidamente los derechos de las manifestantes al calificar las protestas como violentas por acciones que están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, tales como pintar consignas en paredes públicas o intervenir monumentos.

Algunas de las manifestaciones que ejemplifican el uso del derecho penal como la respuesta estatal para reprimir el derecho a la protesta social, fue la efectuada el 10 de julio de 2020, donde elementos de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato disolvieron de forma arbitraria una sin protocolo ni mediación de por medio una protesta de madres de víctimas de desaparición forzada. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) condenó el operativo policial[6] que dejó a varias personas heridas y al menos cuatro hospitalizadas[7]; además 4 mujeres, 3 de ellas familiares de personas desaparecidas fueron detenidas, y aunque posteriormente fueron liberadas, se sostuvo en su contra un proceso penal por más de tres meses por el delito de ataques a las vías de comunicación y lesiones.

En este mismo sentido, el pasado 8 de marzo de 2021 se realizaron diversas protestas en el municipio de Aguascalientes, como fue de conocimiento público, en el marco de esta manifestación fueron detenidas ocho mujeres y un hombre, imputándoles los delitos de daño en las cosas, lesiones dolosas y resistencia de particulares; permaneciendo privadas de su libertad por más de 30 horas en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo de Aguascalientes. Así, derivado de la presión ejercida por distintas organizaciones locales y nacionales de derechos humanos, fueron liberadas. Sin embargo, la investigación continúa abierta por los mismos delitos.

Una respuesta estatal frente a la protesta que implique privilegiar el uso del derecho penal y el uso desproporcional y arbitrario de la fuerza pública para criminalizar a las manifestantes, es contrario al marco normativo interno y a los estándares internacionales que protegen el derecho de reunión y protesta. Una respuesta estatal que pudiera catalogarse como justa implicaría cumplir con las obligaciones en materia de protesta: respetar, proteger, garantizar el ejercicio de los derechos de reunión y libertad de expresión, que trae consigo tolerar las distintas expresiones de la protesta; además de no criminalizar, aplicando estándares en el uso de la fuerza, estableciendo mecanismos de supervisión y rendición de cuentas (como el Observatorio sobre el uso de la Fuerza pública ordenado por la Corte IDH en el caso de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco), y evitando el uso del derecho penal en casos como los comentados previamente -Guanajuato y Aguascalientes-, en este último con carpetas de investigación abiertas que deben ser cerradas. Asimismo, dicha respuesta Estatal se debe apegar a los estándares de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que prohíbe todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la de carácter sexual, que ha sido documentada en el marco de la protesta social en nuesro país.

Finalmente, es necesario resaltar que las manifestaciones implican atender las demandas y la voz digna y valiente de las mujeres puesta en el espacio público de forma tan contundente; lo cual requiere aproximaciones más democráticas, en dónde además de garantiza el ejercicio de derechos en contextos de manifestaciones, el Estado escuche y atienda los reclamos de las mujeres.


[1] Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. hemos documentado esta práctica en el Informe Mujeres con la Frente en Alto. Informe sobre la Tortura Sexual en México y la respuesta del Estado. Disponible: https://centroprodh.org.mx/2018/11/21/mujeres-con-la-frente-en-alto-informe-sobre-la-tortura-sexual-en-mexico-y-la-respuesta-del-estado/

[2] CIDH, Relatoría especial para la libertad de expresión, Informe sobre Protesta y Derechos Humanos, 2019, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf

[3] Caso Raymundo Pascual: el poder judicial frente al delito de sedición. Disponible en:  https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/caso-raymundo-pascual-el-poder-judicial-frente-al-delito-de-sedicion/

[4] SEDICIÓN Y DELITOS CONTRA EL ESTADO. SU CONFIGURACIÓN COMO HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, EXIGE DEL OPERADOR JURÍDICO COMPRENDER SU ORGIEN HISTÓRICO Y SU ACTUAL PROYECCIÓN PROGRESIVA Y FUNCIONAL EN UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO. Registro No. 2 016 271. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 51, Febrero de 2018; Tomo III; Pág. 1554. XXII.P.A.13 P (10a.).

[5] Informe Amnistía Internacional, México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra las mujeres que protestan. Disponible en: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4137242021SPANISH.PDF.

[6] ONU-DH. La CNDH y la ONU-DH condenan las agresiones contra manifestación pacífica en Guanajuato. Publicado el 10 de julio de 2020. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-07/COM_2020_214.pdf

[7] Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. El FLEPS se suma a la exigencia por la no criminalización de las madres de personas desaparecidas durante una protesta en Guanajuato. Publicado el 10 de junio de 2020. Disponible en: https://articulo19.org/el-fleps-se-suma-a-la-exigencia-por-la-no-criminalizacion-de-las-madres-de-personas-desaparecidas-durante-una-protesta-en-guanajuato/

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