Urge respaldo del Estado para luchas feministas: Vania Pigeonutt

Por Susana Rodríguez

La visibilización de los abusos que viven las mujeres en las comunidades, las zonas rurales e indígenas; son una aportación significativa en la que colabora el periodismo, sin embargo, mientras no haya derechos ganados como la prohibición tajante de la venta o intercambio de niñas o mujeres, falta mucho camino por recorrer, explica en entrevista la periodista Vania Pigeonutt, que ha dedicado su carrera a darle seguimiento a las problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas en Guerrero. 

En México existen historias como la de Adriana Manzanares, una indígena de Guerrero que estuvo siete años en la cárcel de los 22 que le dieron como condena en 2006, acusada de homicidio en caso de parentesco por un supuesto aborto. Ella fue golpeada por su padre y su esposo, que la dejó para irse a trabajar a Estados Unidos. Manzanares fue acusada ante las autoridades por el comisario ejidal de su comunidad, Ayutla de los Libres. 

Su caso fue revisado después de siete años por la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) a petición del ministro Arturo Zaldívar, quien logró que la dejaran en libertad.

Existe también el caso de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, que en 2002 fueron violadas por soldados del Ejército Mexicano. Una trágica historia contada a nivel internacional a través de organizaciones civiles como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de 16 años de los hechos se logró que dos miembros del ejército fueran condenados. Este caso sentó un precedente para la lucha y la defensa del cuerpo de las mujeres y fue simbólica para otros casos similares.

Pigeonutt. insiste en que los avances respecto de la defensa de la tierra y el territorio como cuerpo han sido mínimos. Para ella, mientras no se establezca el acceso real a los derechos, contar las historias no tiene la misma trascendencia.

Agrega que es importante recalcar el avance que se ha logrado desde la misma organización de las mujeres, desde colectivas feministas o cooperativas de mujeres, e incluso las propias víctimas y sus familias que se han empeñado en que los casos se conozcan y se condenen.

“Desde la oficialidad no creo que haya avances, nada. Hay una impunidad prevaleciente casi del cien por ciento y es muy importante para mí remarcar que los avances o las luces para visibilizar derechos y actos atroces han tenido que ver con la sociedad civil”, enfatiza Pigeonutt.

La colectividad es una de las fortalezas de las mujeres, tanto en el espacio rural como en el urbano. En los espacios rurales generalmente son las cocinas o las tiendas de abarrotes los puntos de encuentro, desde ahí se gestan las redes de apoyo donde ellas cuentan su propia vida y se enteran de la vida de las demás, cuenta. 

Cuando las comunidades son desplazadas, las mujeres pierden por completo estos puntos de encuentro que son los que les dan identidad, en estas redes de apoyo creadas por años y generaciones. Estos efectos de desplazamiento no solo los están provocando los proyectos extractivistas, sino también la violencia del crimen organizado.

Cuando en 2019 llegaron a Palacio Nacional los desplazados de Guerrero, la primera en morir fue la señora Virginia, una abuela de aproximadamente 65 años de edad que cargaba con sus nietos. Sus hijos estaban como indocumentados en Estados Unidos. A su edad no resistió que la sacaran de su comunidad.

“Pudiera parecer algo aleatorio, pero no, porque el cuerpo de las mujeres es el que responde cuando suceden este tipo de circunstancias, en las mujeres recae el sustento de estas agrupaciones que están haciendo resistencia. No quiero ser pesimista, creo que hay mucha esperanza y los movimientos están creciendo cada vez más, pero deben ser tocados por los cambios contundentes del estado, porque de lo contrario el cambio será lento, aunque sí se podrá lograr desde el esfuerzo de las mujeres”, añade Pigeonutt.

En diversas zonas rurales e indígenas en todo el país, uno de los motivos por los que las mujeres han tomado el liderazgo de sus comunidades es porque sus maridos o parejas han sido víctimas de la violencia del crimen organizado, por que emigraron a Estados Unidos o a otros estados como Sinaloa. 

Por ejemplo, en Rincón de Chautla en la comunidad de Chilapa Guerrero, las mujeres decidieron empezar a entrenar para usar las armas porque muchas de ellas son viudas, sus esposos fueron asesinados y ellas protegen a sus hijos.

Esto a su vez ha tenido un efecto en la imagen que las nuevas generaciones tienen de sus madres, porque han salido del ámbito doméstico para tomar las armas y defender su familia y su tierra.

“No es que las mujeres se hayan empoderado desde las armas, pero en un contexto de exacerbada violencia las veíamos cada vez más activas”, precisa.

Un hecho que marcó un precedente en México para las mujeres indígenas en todo el país, fue el Movimiento Zapatista, que surgió con fuerza en 1994. Ver a las mujeres como una fuerza armada fue algo simbólico que movió las fibras de las mujeres en zonas como Guerrero.

La analogía entre la tierra y el cuerpo es poderosa, dice Vania Pigeonutt. En América Latina, uno de los derechos por los que más se ha peleado es el aborto como un derecho de pertenencia del cuerpo de las mujeres. Sin embargo, mientras esas luchas se dirimen en los congresos, en las comunidades hay una “desconexión” entre la defensa de la tierra y del cuerpo porque las mujeres indígenas viven desposeídas de su propia corporalidad. Existen todavía comunidades donde las niñas son vendidas, donde se arreglan matrimonios a cambio de una dote y los usos y costumbres permanecen con una serie de acciones violentas contra las mujeres.

Vania Pigeonutt se ha dedicado a contar el proceso de cultivo la amapola en Guerrero y sus efectos. El trabajo organizativo comunitario que hay alrededor de este cultivo en comunidades masabi, mixtecas, tlapanecas y nahuas, donde las mujeres tienen un papel preponderante, sin que por ello dejen de existir los usos y costumbres de ver a la mujer como un medio de reproducción.

En 2017 acompañó la defensa de San Miguel del Progreso, en la montaña de Guerrero, contra la minera inglesa Hochschild Mining, en donde se logró proteger el territorio. La periodista explica que en este proceso las mujeres tuvieron un papel importante: asistían activamente a las asambleas y había comités mixtos de mujeres y hombres en los que las mujeres fungían también como Principales (una figura tradicional en las comunidades).

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