Violencia de género perpetúa impunidad

Por Susana Rodríguez

La ausencia de sanciones (o sanciones) mínimas contra la violencia de género dejan carta abierta para que los agresores la sigan ejerciendo con el permiso de la sociedad y la complicidad institucional, dijo en entrevista Wilfrido Isamí Salazar Rule, asesor legal del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA).

En México, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, vigente desde el año 2007, describe una serie de tipos de violencia de género que hasta la fecha no se han podido prevenir, sancionar y mucho menos erradicar. Esto orilla a las mujeres a quedar atrapadas en un sistema impune desde el momento en que los tipos de violencia no pueden ser denunciados o atendidos por alguna instancia gubernamental.

Salazar Rule puso como ejemplo un caso ya judicializado de violencia sexual que acompañó el OVSGA, en donde el imputado se acogió -debido a la sanción mínima- a los beneficios de las soluciones alternas del nuevo sistema penal, que se denomina “suspensión condicionada del proceso”. Esta figura implica que el agresor debe cumplir con la solución alterna propuesta o de lo contrario no se hará válido el beneficio de dicha solución. 

En este caso el Juzgado de Control determinó  como solución alterna enviar al agresor a un proceso terapéutico en el centro Agua Clara, un sitio no especializado en el tema de violencia de género sino enfocado en prevención del suicidio. La medida no fue la adecuada y por tanto se violó la garantía de no repetición.

“Cuando pedimos información sobre cuál era el plan de terapia, la propuesta para trabajar, resulta que no existe esta información porque no hay un seguimiento”, agregó Salazar Rule.

Para el abogado del Observatorio, la impunidad en la violencia hacia las mujeres se vuelve más alarmante cuando se piensa en la cantidad de casos de violencia que no llegan a judicializarse.

De acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de este año en Aguascalientes se registraron 11 mil 426 llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia de pareja (que según el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia incluye maltrato físico, sexual, emocional y comportamientos controladores por un compañero íntimo) de las cuales sólo se registraron seis delitos de violencia de género. Es decir, por cada mil 904 llamadas al 911, se registra un delito. Los reportes no se registran desagregados por sexo.

Ante esta realidad, para Salazar Rule el que un agresor no sea sancionado por cometer algún tipo de violencia contra las mujeres ocasiona que ésta se perpetúe. Por el otro lado, es positivo que la cultura de la denuncia surta efecto, pero de los casos que se denuncian pocos logran judicializarse por la ineficiencia del sistema penal.

En esta sociedad, donde la violencia está normalizada, para las instituciones es muy común que las instancias de gobierno -principalmente las de justicia- minimicen las agresiones y sus efectos, esto provoca que muchos de los casos no lleguen a judicializarse, comentó Salazar Rule.

Por ejemplo, el Observatorio atendió otro caso de violencia en el noviazgo cometido en un espacio público donde no hubo lesiones que pusieran en riesgo la vida de la víctima, quien interpuso una denuncia y eso afectó de manera definitiva su vida laboral.

“El agresor usó sus vínculos políticos y sociales para presionarla por haber interpuesto una denuncia formal con la amenaza de que nadie más iba a darle trabajo en Aguascalientes”, contó Salazar Rule.

México suscribió dos convenciones internacionales importantes en materia de derechos humanos y erradicación de la violencia de género: la de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrminación contra la Mujer (CEDAW) y la de Belem do Pará, en las que el país se comprometió a respetar, proteger y hacer cumplir el derecho de las mujeres a la no discriminación, al goce de la igualdad y a transformar sus instituciones y legislación para garantizar el cumplimiento de esos compromisos. Compromisos que hasta la fecha no se han cumplido a cabalidad porque no existe una atención integral.

Para el especialista, otro avance significativo fueron las reformas a la Constitución Política Mexicana en materia de derechos humanos aprobadas en 2011, que abrieron una puerta para homologar el respeto a los derechos humanos con el standard de los tratados internacionales, pero desafortunadamente no se ha logrado transitar tanto como se debería debido a las trabas institucionales.

“Tenemos una clase política o funcionarios públicos que no están sensibilizados en derechos humanos y que no se les ha dicho que si violentan estos derechos, son sujetos a una sanción”.

Esta tendencia institucional está inserta -dijo Salazar Rule- en una sociedad conservadora con un déficit en perspectiva de género que le impide a las personas deconstruir sus creencias y a la par permitir que exista impunidad. El conservadurismo de la sociedad, no sólo ha dejado de lado la perspectiva de género sino también la defensa de los derechos humanos.

En Aguascalientes, desde el año 2001, se tipificó la discriminación como delito y como parte de la reforma se especificó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA) está obligada a promover de forma permanente cuáles son las conductas discriminatorias para que la sociedad las conozca, situación que, de acuerdo con  Salazar Rule,  sólo está especificada en papel, pero no ocurre en la realidad.

Planteó como ejemplo lo que está sucediendo con las marchas y manifestaciones feministas donde cada vez se han confrontado más las posturas entre las propias mujeres y quienes están en contra de las manifestaciones, sin que exista un análisis social a fondo de los orígenes de estas protestas. Y la CEDHA tampoco se ha posicionado para frenar los discursos de odio que han proliferado principalmente a través de las redes sociales.

“Veo lenta, omisa y permisiva, no solo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino a todas las autoridades involucradas con el tema de derechos humanos”.

Sin coordinación, no hay erradicación

En México, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia integra diferentes tipos de violencia de género como la física, moral, política, psicológica y digital, entre otras. A partir de esa Ley deben generarse leyes estatales y posteriormente hacer reformas a los códigos penales y a los reglamentos de instancias como los institutos estatales y municipales de la mujer, así como la creación de nuevos organismos que atiendan la violencia de género, tanto para sancionar como para prevenir.

Sin embargo, en la realidad lo que existe es que los sistemas de justicia tienen carencias: hay retrasos en las carpetas de investigación por la carga de trabajo, los dictámenes psicológicos (se refiere a evaluaciones forenses, que en el caso de la violencia de género, buscan determinar que la víctima vivió maltrato y violencia psicológica, las lesiones psíquicas o secuelas de este maltrato y establecer y demostrar el nexo causal entre la situación de violencia y el daño psicológico) que llegan a  tardar hasta cuatro meses en ser entregados.

“Las instancias a duras penas logran ir avanzando en el tema de poder sancionar, es muy complicado trabajar en la parte de la prevención, falta mucho para romper estos círculos viciosos”, aseguró Salazar Rule.

Mientras no se trabaje de manera coordinada la prevención, atención y la sanción no se puede hablar de una erradicación, las estadísticas en materia de violencia muestran que ha sido al contrario, han ido creciendo mucho en los últimos años, agregó Salazar Rule.

Ha quedado claro que la parte preventiva no se va a trabajar con charlas o pláticas, sino que tienen que implementarse mecanismos que la hagan eficiente.

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