Contingencia sanitaria por covid-19, violencia de género, salud mental y bienestar psicosocial

Por José Arturo Ramírez García

Debido a que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al brote del nuevo coronavirus como una “PANDEMIA”; a que el 23 de marzo se 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ACUERDO POR EL QUE EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL RECONOCE LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)[1]; y a que el 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)[2], a la fecha han transcurrido poco más de NUEVE MESES de la implementación de las medidas sanitarias, sociales y económicas orientadas a detener la cadena de transmisión del virus y así, buscar garantizar la capacidad del sistema de hospitales para responder ante un eventual desbordamiento de la demanda de camas y ventiladores en los centros de salud.

Sin embargo, el distanciamiento físico y social, el confinamiento en los hogares, la interrupción de las actividades escolares de manera presencial, la cancelación de eventos culturales, el cierre temporal de establecimientos de esparcimiento y recreación; la pérdida de miles de empleos, la drástica modificación de hábitos conductuales y, en general, el impacto negativo en la economía de las familias de Aguascalientes, representan serios riesgos para la salud mental y el bienestar psicosocial de toda la población.

Muchos son los factores de riesgo que pueden afectar la salud mental de las personas, pero es posible afirmar que, de manera similar a las enfermedades físicas, la probabilidad de que alguien desarrolle padecimientos como la ansiedad, la depresión, las adicciones o los trastornos alimenticios, depende de la relación que existe entre los factores de riesgo del entorno y su nivel de vulnerabilidad individual. Por supuesto, la contingencia sanitaria que actualmente vivimos ha sido una nueva oportunidad para visibilizar el mayor grado de vulnerabilidad de distintos sectores de la sociedad, particularmente es el caso de las mujeres y las niñas, niños y adolescentes.

A pesar de las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias para hacer llevadera la “cuarentena” en las casas, por múltiples razones, fue un error suponer que para todas las personas es posible “Quedarse en casa” por un periodo prolongado o indefinido de tiempo.

Las medidas sanitarias publicadas en el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)[3], consideraron en su momento, la vulnerabilidad diferencial, a nivel físico, de distintos sectores de la población más susceptibles de sufrir complicaciones por la infección del virus, pero no consideraron el riesgo que las medidas para mitigar la tasa de infección provocaría en diversos sectores de la población, dada su vulnerabilidad diferencial, a sufrir violencias, al desarrollo de enfermedades mentales y daño psicosocial.

Es posible afirmar que, inicialmente, en los distintos niveles de gobierno, las medidas preventivas para mitigar los riesgos a la salud por el SARS-Cov2 no constituyeron una política de salud integral, y por supuesto no incluyeron una estrategia de prevención con perspectiva de género, niñez, o diversidad funcional. No se consideró que las medidas de cierre parcial de la actividad económica, la limitación del funcionamiento de las instituciones públicas y judiciales, de la movilidad y de confinamiento domiciliario, sencillamente no pueden aplicarse a toda la población porque en sí mismas suponen riesgo a la salud mental e incluso para la vida de muchas mujeres.

De modo que, ante la pretensión de no saturar la demanda de camas y ventiladores, lo cual, por cierto, no se puede afirmar que se haya conseguido, se incrementó dramáticamente la tasa de violencias contras las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes; incluyendo violencia psicológica, sexual e incluso, feminicida. Lo cual ahora ha saturado con denuncias y demandas a las agencias del ministerio público y los tribunales de justicia principalmente en materia penal y familiar.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS)[4], la violencia es uno de los principales problemas de salud física y mental, por lo que la observancia de su relación no puede escapar a una política de salud publica integral.

“Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas de violencia doméstica o sexual padecen más problemas de salud, generan costos de atención sanitaria significativamente más elevados y acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no sufren violencia. Lo mismo ocurre en el caso de los menores maltratados y desatendidos.”

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el PLAN DE ACCIÓN SOBRE SALUD MENTAL 2013-2020[5] refiere:

13 Con frecuencia, los trastornos mentales hunden a las personas y a las familias en la pobreza. La carencia de hogar y la encarcelación impropia son mucho más frecuentes entre las personas con trastornos mentales que en la población general, y exacerban su marginación y vulnerabilidad. Debido a la estigmatización y la discriminación, las personas con trastornos mentales sufren frecuentes violaciones de los derechos humanos, y a muchas se les niegan derechos económicos, sociales y culturales y se les imponen restricciones al trabajo y a la educación, así como a los derechos reproductivos y al derecho a gozar del grado más alto posible de salud.

Así mismo, Juan Martín Sandoval De Escurdia, del Servicio de Investigación y
Análisis en la División de Política Social de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en el documento de referencia obligatoria de 2005, La Salud Mental en México[6], menciona lo siguiente:

Otro aspecto inherente a la política social, es que la salud mental se relaciona al igual que la salud física, con la pobreza, en donde la incidencia de estos padecimientos exige de los afectados mayor proporción de los pocos ingresos que generan, además de lo incapacitantes que resultan, que como consecuencia disminuyen o frenan el potencial de desarrollo de las personas y por tanto de los núcleos familiares. (Sandoval, 2005)

Con relación a lo anterior, el DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SALUD MENTAL- DOF (2013)[7],  establece los siguiente:

ARTÍCULO 72.

La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. (…)

Todo lo anterior permite afirmar que la salud mental y el bienestar psicosocial es un requisito para el desarrollo social, y económico de los estados, además de ser un derecho humano que debe ser garantizado en tanto constituye un componente del concepto integral de salud.

Sin embargo, debido a las enormes brechas de desigualdad social que caracterizan a nuestro país y a nuestro estado, ninguna política pública de salud y/o desarrollo social puede lograrse satisfactoriamente sin un planteamiento con enfoque diferencial y especializado. Es decir, que surja del reconocimiento de la vulnerabilidad diferencial histórica de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes ante los factores de riesgo para la integridad y el bienestar como lo es principalmente el caso de la violencia. Tal realidad parece que aún resulta invisible para buena parte de la sociedad, incluyendo a autoridades de todos los niveles de gobierno.


[1] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020

[2] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020

[3] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true

[4] Organización Mundial de la Salud (OMS). (2002). Informe Mundial Sobre Violencia y Salud. Washington D.C.

[5] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf?sequence=1

[6] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexico.pdf

[7] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs/LGS_ref69_15ene13.pdf

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