Violencia feminicida: Impunidad en México

Por Susana Rodríguez

La violencia feminicida en México no se puede limitar a los castigos impuestos por el sistema penal porque se quedarían fuera un sinfín de obstáculos que las mujeres padecen en su búsqueda por la justicia, asegura el estudio “Violencia contra las mujeres e Impunidad: ¿más allá del punitivismo?” publicado por la organización civil nacional Equis Justicia para las Mujeres.

Desde la visión de esta organización, la impunidad -con perspectiva de género- debe ser concebida no sólo desde la perspectiva penal. Esta concepción permite tanto a la sociedad civil organizada como a la propia autoridad explorar otras posibilidades de políticas públicas más allá de la creación de nuevos delitos y la elevación de las penas.

Sostener la esperanza de erradicar la impunidad a través del sistema penal es riesgoso en un país como México, donde el sistema no es precisamente funcional por la falta de perspectiva de género de los funcionarios que atienden, los retrasos en los procesos, y el desinterés de las autoridades por investigar la violencia hacia las mujeres que muchas veces no la consideran como un delito, agrega el documento.

El estudio deja añade que las estadísticas de impunidad relacionadas sólo con el nivel de imposición de sentencias es sesgado por la historia que hay detrás de un caso antes de que pueda llegar a judicializarse.

“Es indispensable pensar las políticas públicas contra la impunidad desde una visión que prevenga violencias y no sólo desde una visión que pretenda castigar la violencia que el Estado debió evitar”, plantea el análisis.

El documento incluye un estudio cualitativo de políticas públicas implementadas para prevenir y atender las violencia como los Centros de Justicia para las Mujeres, las Alertas de Violencia de Género, Órdenes de Protección (acciones urgentes -precautorias y cautelares- de seguridad a favor de las víctimas de violencia) y  capacitaciones en perspectiva de género.

Los Centros de Justicia para Mujeres fueron creados en 2010, el de Aguascalientes funciona a partir del año 2015 y se inauguró oficialmente un año después. De acuerdo con el estudio de Equis Justicia para las Mujeres, estos espacios son favorables porque fueron creados para garantizar el acceso a la justicia mediante servicios de atención legal, médica, psicológica y  proyectos de empoderamiento económico. En algunos hay espacios de ludoteca y refugio temporal, y son un enlace directo entre las víctimas y el estado. Otros funcionan como órganos descentralizados y esto les permite tener una personalidad jurídica y patrimonio propio.

Sin embargo, si los centros dependen directamente de la administración estatal es importante que en sus principios legales de conformación estén lo más blindados posible para que queden protegidos en los cambios de gobierno y además se pueda garantizar su funcionamiento.

Respecto de las Alertas de Violencia de Género, el documento señala que  son un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para atender y erradicar un acto de violencia, ya sea ejercido por un grupo de personas o por toda la comunidad. Las alertas exigen que las organizaciones involucradas se especialicen, puede medirse su efectividad de manera inmediata y favorece el trabajo interinstitucional y multidisciplinario que favorece la creación de soluciones integrales.

Sin embargo, las instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social, Seguridad Pública, el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia y otras más involucradas en la implementación han sido calificadas como omisas por su incapacidad para resolver las problemáticas vinculadas con la violencia, y si no se cuenta con las herramientas necesarias para resolver entonces de nada sirve la Alerta. Los gobiernos generalmente las perciben como una consecuencia política negativa para su imagen y eso los motiva a evitarlas, lo que ocasiona que este mecanismo no resuelva las manifestaciones de violencia.

Otra de las políticas públicas son las órdenes de protección en los casos de violencia de género. Existen tres tipos: las de emergencia, que implican dejar el domicilio conyugal o una prohibición de acercamiento del agresor; las preventivas, que incluyen retención de armas de fuego, inventario de bienes; y las órdenes civiles, que es la suspensión del régimen temporal de visitas y convivencia.

Estas órdenes funcionan como mecanismos para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres dependiendo el caso, para solicitarlas no es necesario que las mujeres presenten pruebas que acrediten hechos de violencia y no es requisito que existan denuncias previas.

Pero el riesgo es que su duración es corta, de acuerdo el estudio sólo de 72 horas, aunque con posibilidad de prórroga. Por lo que es necesario sensibilizar en el tema de violencia género y derechos humanos a las autoridades que las ejecutan.

La capacitación es una herramienta para la erradicación de la violencia contemplada en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 2007. Según el estudio, las entidades han invertido, de 2008 a 2017, casi 597 millones de pesos.

El estudio especifica que incluir la perspectiva de género en las estadísticas no significa solo desagregar los datos por sexo, sino que es necesario incluir categorías adicionales que reflejen de manera más certera la realidad de las mujeres en sus entornos, cómo les afectan y las problemáticas que enfrentan.

El estudio “Violencia contra las mujeres e Impunidad: ¿más allá del punitivismo?” concluye en que más allá de lo que pasa dentro de los hogares, que es sobre lo que más se ha trabajado a nivel institucional y en materia estadística, hay todavía varios tipos de violencia que no se miden ni atienden, principalmente los que acontecen en el espacio público y de manera muy significativa la violencia involucrada con fenómenos sociales como los problemas de seguridad pública desencadenados desde el inicio “guerra contra las drogas” durante el sexenio de Felipe Calderón.

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