Omite Fiscalía protocolos en muerte violenta de Montserrat

Por Susana Rodríguez

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes fue omisa en el seguimiento del protocolo para la investigación de muertes violentas de mujeres en el caso de Montserrat, de 5 años de edad, desaparecida el domingo alrededor de las 3 de la tarde y encontrada por agentes ministeriales sin vida dentro de una pileta un día después, al interior de una planta de tratamiento ubicada en la colonia Villa de las Palmas III Sección.

Foto: Observatorio Digital

Dicho protocolo especifica que el Ministerio Público y sus órganos auxiliares deben encaminar sus investigaciones para determinar la existencia de razones de género en la privación de la vida y tener en consideración al menos tres puntos: el entorno y contexto socio-cultural, los perfiles de personalidad de la víctima y del probable imputado, y la interpretación de indicios pensando en qué circunstancias pudieron haber favorecido la muerte por ser mujer, tales como los riesgos y situaciones de violencia anteriores a la muerte, entre otras.

Fue el domingo alrededor de las tres de la tarde cuando la abuela de Montserrat buscó a la niña, que previamente había salido a jugar. No la encontró y a partir de ese momento comenzó la preocupación de la familia. Casi de inmediato, publicaron en redes sociales la foto de la menor y la alerta de su desaparición. Pidieron ayudar en la búsqueda.

Este martes el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, dio a conocer que fue a la 1:45 de la madrugada cuando la familia acudió directamente al Ministerio Público para reportar la desaparición de la menor, previamente la familia reportó el caso a Locatel.

La Alerta Amber se dio a conocer a través de los medios de comunicación a partir de las ocho de la mañana. Pasaron alrededor de 12 horas entre el momento en el que Montserrat desapareció y la emisión de la Alerta.

“Si nos tardamos hay negligencia de nuestra parte, hay que tomar en cuenta que nosotros al momento en que recibimos la denuncia tenemos que girar ciertos oficios, ese tiempo de cerca de las dos a las seis o siete de la mañana, no fue tiempo que no tuvimos una actividad”, justificó el fiscal al cuestionarlo sobre la demora en el lanzamiento de la Alerta Amber.

Según la Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición de Personas en el Estado de Aguascalientes, en su capítulo segundo referente a las disposiciones para personas desaparecidas menores de 18 años señala que la búsqueda de niñas, niños y adolescentes de quien se tenga noticia, reporte o denuncia por desaparición deberá realizarse una búsqueda de manera inmediata.

Para Mariana Ávila Montejano, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) la Fiscalía de Aguascalientes carece de conocimiento en la aplicación de los protocolos de investigación para muertes violentas, además de que no existe un trabajo coordinado entre la Comisión Estatal de Búsqueda, Locatel y la propia Fiscalía, que les habría permitido realizar un trabajo interinstitucional inmediato, lo cual es parte de sus responsabilidades.

Sobre la versión que se conoció públicamente por parte de los familiares de la niña acerca de un pepenador que al parecer había estado merodeando la zona, Figueroa Ortega aseguró que no es un dato que esté contenido dentro de la carpeta de investigación. El fiscal insistió en que no hay indicios de que haya sido víctima de una agresión sexual.

“Una niña de cinco años no creo que tenga enemigos por sí sola o personas que tengan la intención de privarla de la vida”, argumentó Figueroa Ortega.

Ante una declaración como esta, para el Observatorio resulta grave que el principal representante de la Fiscalía General del Estado desconozca o invisibilice el contexto de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país.

 
Aunque aún existen varias líneas de investigación, el fiscal general fue enfático en que podría tratarse de un accidente, pues las autoridades ministeriales consideran que existen posibilidades de que la niña haya entrado a la planta por su propio pie, ya sea porque la puerta estaba abierta o porque alcanzó a pasar por la parte de abajo.

La familia de Montserrat asegura que la puerta de la planta tratadora el domingo estaba cerrada, porque no laboran ese día.

Por su parte, en el resultado de la necropsia inicial no se encontraron indicios de algún tipo de lesión interna o externa que pudieran darles elementos para considerar el caso como feminicidio, aseguró Figueroa Ortega.

Sin embargo, el Estado está obligado a investigar cualquier muerte violenta de niña o mujer como feminicidio, de acuerdo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocida como Campo Algodonero, así como la sentencia del asesinado de Mariana Lima Buendía, ocurrido en 2010 y que sentó el precedente en México para la investigación de feminicidios.

El fiscal general agregó que luego de la necropsia se realizará un estudio de histopatológico para analizar las capas del cerebro con el fin de determinar con certeza si hubo alguna agresión previa. Entregarán los resultados entre 15 y 20 días.

Para el Observatorio, además del estudio histopatológico, la Fiscalía debe realizar una serie de dictámenes, como el de potasio de humor vítreo, de determinación de alcoholemia y toxicológico, de necropsia, de extracción de datos de dispositivos electrónicos, y de criminalística de campo, entre otros.

Avila Montejano precisó que el Observatorio considera fundamental en la investigación que la Fiscalía presente análisis de contexto con especialistas, como lo establecen los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres y no a partir de entrevistas de policías de investigación con vecinos.

La especialista agregó que cuando se habla del “contexto feminicida”, no solamente se habla de feminicidios, sino de todas aquellas violencias existentes contra niñas y mujeres que las ponen en una situación vulnerable, como la zona en donde desapareció Montserrat, que es un espacio descuidado y sin vigilancia.

Agregó que el hecho de que las autoridades no tomen en consideración este tipo de problemáticas habla de una carencia en la aplicación de los protocolos adecuados para descartar el delito de feminicidio.

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