Construir una vida sin violencia desde la colectividad

Por: Susana Rodríguez

Para construir una vida sin violencia es necesario invertir todo el empeño en una generación que deconstruya la violencia como forma de resolver los conflictos, explicó en entrevista Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Pérez Garrido explicó que cuando las personas están insertadas en una sociedad machista no se puede exigir que piensen diferente, pero sí se puede iniciar con procesos de deconstrucción de esa educación misógina que normaliza la violencia, principalmente hacia las mujeres, pero que  lo hace como una manera de resolver los conflictos.

“Entre más seamos las que estamos siendo conscientes de esos derechos, de esas injusticias o de este sistema, podemos desnormalizar a más personas que tienen conductas no aceptables. Entre quienes tienen que ser prioritarias están las niñas, niños y adolescentes”, agregó la especialista.

El marco jurídico nacional e internacional en materia de género es sólido y suficiente para proteger los derechos de las mujeres, sin embargo, falta tener planes estratégicos con metas concretas y claras sobre resultados en materia de prevención, mejora a la atención y garantía al acceso a la justicia. Para Pérez Garrido esta distinción es fundamental.

Desde su perspectiva no se puede afirmar que, por ejemplo, la tipificación del feminicidio como delito autónomo y la creación de protocolos impacten de lleno en la prevención de la violencia feminicida. Es importante que se resuelvan sentencias condenatorias por ese delito, y entender que hacerlo no tiene un impacto medible en materia de prevención. Para ello, es necesario hacer una distinción rigurosa sobre qué acciones son tendientes a la prevención, cuáles van a abonar a la mejora de la atención y cuáles contribuyen en el acceso a la justicia. Eso permitirá diferenciar y exigir resultados en cada ámbito.

Por ejemplo, algo positivo del tipo penal de feminicidio es que ya existen sentencias condenatorias y la mayoría corrigen fallas. De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Aguascalientes la pena mínima para un feminicida es de 40 años. Anteriormente, en las investigaciones por el homicidio de una mujer se imponían las penas más bajas.

“Decir que tenemos una sentencia por feminicidio de 45 años garantiza que al menos se está sancionado como se sancionan los homicidios calificados y esto mejora el acceso a la justicia”, agregó la especialista del OCNF.

Las alertas de género, una de varias medidas preventivas del feminicidio

Las Alertas de Género son una serie de acciones gubernamentales de emergencia que buscan garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos. Si regulación está inscrita en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La primera alerta se declaró el 31 de julio del 2015 en el Estado de México y sus once municipios.

Este mecanismo ha servido para obligar a las autoridades a que ejerzan ciertas acciones para garantizar la seguridad de las mujeres, si bien no todas son acertadas, ni suficientes, decir que la Alerta no sirve porque no ha solucionado el problema de la violencia, sería cargarle otras responsabilidades a este mecanismo que tiene funciones muy específicas.

Aunque el camino para erradicar la violencia es todavía largo, para Anayeli Pérez es indispensable que las mujeres sean asertivas en la crítica de las políticas públicas, porque si bien existe un nivel de frustración producido por los pobres resultados en el trabajo de las autoridades; es importante ser puntuales en el discurso y no desacreditar los mecanismos creados para exigir justicia, porque sería, dice la especialista, “como darnos un balazo en el pie”.

“La pregunta sería, ¿qué política pública previene el feminicidio? Yo creo que una sería las órdenes de protección cuando nos referimos a los feminicidios íntimos, pero esta es una medida que no aplica tanto para los crímenes producto del crimen organizado”, dice.

Pero, ¿en cuántas entidades federativas funcionan las órdenes de protección desde su implementación, otorgamiento, y el seguimiento al caso? Para la especialista, en ninguna entidad de la República.

De acuerdo al diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, al 15 de noviembre de 2019, en el país se solicitaron 34 procedimientos de Alerta de Violencia de Género para 28 estados de la República, de los cuales, 20 resultaron Declaratorias de Alerta de Género.

En 10 entidades, no fue declarada la Alerta de Violencia de Género, Aguascalientes fue una de ellas.

“Tu comunidad te respalda”

Respecto de las acciones afirmativas, Anayeli Pérez resaltó la necesidad de que las personas tengan conocimiento de sus derechos y de las herramientas legales y jurídicas que existen para hacerlas exigibles.

Por otro lado están los procesos organizativos, que van desde la protesta social o las expresiones artísticas, hasta la incidencia política; todo como parte de la construcción de redes y ciudadanía que aporte exigencias y propuestas para hacer valer los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Incluso, aquellas intervenciones de la academia y las organizaciones civiles aportan experiencia, conocimiento y trabajo para mejorar una propuesta y, en específico, para abonar a la construcción de las diferentes herramientas que contribuyen a la erradicación de la violencia.

“Todas estas acciones sumadas han posibilitado que estemos hoy día con muchos logros formales, tal vez, pero lo cierto es que son el inicio o son parte necesaria para poder erradicar esta violencia que es una realidad lacerante”, añadió la especialista.

Como integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, comentó que las iniciativas ciudadanas de observación y constante documentación han permitido visibilizar los problemas surgidos a partir de las diferentes violencias, y mientras haya organismos que nombren dichas injusticias seguirá vigente la exigencia de buscarles solución.

Por ejemplo, el caso de las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, que quedan en total desamparo frente a los nulos mecanismos de protección que tiene la justicia mexicana. Es fundamental que después de esa pérdida tengan la manera de reconstruir sus alternativas para buscar una vida mejor, además de tener el apoyo para que sus necesidades inmediatas sean cubiertas.

Apoyos de esta naturaleza sólo los hace posible el proceso de colectividad, que en los casos de feminicidio se manifiesta en primera instancia en el acompañamiento a las gestiones en los ministerios públicos, así como en la recabación de evidencias, acercamiento a los medios de comunicación y otras acciones legales que emprenden las familias que buscan justicia.

“Que seamos todas las que estamos buscando obtener justicia para ellas y ellos como un derecho”, expresó Pérez Garrido.

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