La Impunidad y el abandono a víctimas de feminicidios | Entrevista a Irinea Buendía

Por: Susana Rodríguez

Las Fiscalías y sus ministerios públicos no investigan las muertes violentas de mujeres como feminicidios y se justifican en el desconocimiento de la perspectiva de género, aseguró en entrevista Irinea Buendía Cortés, quien lleva diez años y medio buscando justicia para su hija, Mariana Lima Buendía, asesinada en 2010 en su casa de Chimalhuacán, Estado de México.

De acuerdo con la versión de Julio César Hernández Ballinas, entonces marido de Mariana Lima, la encontró sin vida en su recámara la madrugada del 29 de junio de 2010 y aseguró que se había suicidado. La madre de Mariana nunca creyó esa versión. Presionó a las autoridades hasta que cinco años después logró que el caso se investigara de nuevo.

Para Irinea Buendía, luego del asesinato de Mariana, la palabra impunidad significa que las autoridades de justicia no quieren trabajar en las carpetas de investigación de feminicidios porque dicen que desconocen los procesos adecuados de investigación, y cuando pasa mucho tiempo, no las quieren trabajar porque son viejas.

“Total que de todos modos como dice el dicho, ni frío ni caliente porque de ningún modo las trabajan”, enfatizó Buendía.

El 25 de marzo del 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia sobre la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, que es considerado el primer pronunciamiento sobre feminicidio en el país. En este documento se especifica que las autoridades, principalmente aquellas relacionadas con la investigación de los casos de feminicidio, deben recibir capacitación en materia de género.

La sentencia del caso sentó un precedente en México en la historia de los feminicidios, este proceso ha servido no sólo para esclarecer la muerte de Mariana Lima, sino para exigir que se investigue con perspectiva de género cualquier muerte violenta de una niña o mujer. Cada caso debe seguirse de oficio, sin embargo, el desinterés de las autoridades ha orillado a las familias y las madres a exigir justicia.

En los diez años y medio que han pasado, Irinea Buendía ha conocido a muchas madres en diferentes estados de la república que viven una situación similar a la suya. Las anima a no quedarse en silencio. Recientemente se acercaron a ella dos madres de Chiapas para contarle los casos de sus hijas, que también se registraron como suicidios, pero ellas creen que fueron asesinatos. Aunque no es abogada ni investigadora, ha aprendido sobre el proceso penal a partir de su experiencia en la búsqueda de justicia para su propia hija.

“No pueden contar con la comodidad de nuestro silencio, tenemos que hablar, porque guardar silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad, nada cambia y de nada sirve”.

Para madres como Irinea Buendía, el Artículo 17 de la Constitución Mexicana que señala que “la ley es pronta y expedita”, es una mentira, pues después de poner una denuncia por feminicidio o cualquier otro tipo de violencia, son las madres y las familias quienes se dedican a “corretear” a las autoridades para darles seguimiento a los casos.

Buendía recordó que desde su primera declaración oficial luego de ver a Mariana sin vida, relató a las autoridades lo ocurrido en los 18 meses de violencia que su hija vivió al estar casada con su agresor, sin embargo, la versión oficial de su muerte siguió siendo la que originalmente dio su entonces pareja.

“A mi me dijo varias veces que la iba a matar y que la iba a meter a la cisterna porque ahí en la cisterna ya tenía a dos o tres viejas que no habían aprendido a tratarlo como él se merecía, esa amenaza finalmente la cumplió”, expresó Irinea con profunda tristeza.

Este antecedente de violencia fue uno de los indicios por los que Irinea nunca creyó en la versión del suicidio. En un crimen todo tiene que cuadrar como si fuera un rompecabezas.

“No es que mi corazón me dijera que mi hija no se había suicidado. Cuando vi el cuerpo de mi hija, aunque ya no tenía vida, el cuerpo habla y habla de la angustia, del miedo, del sufrimiento que vivió en las últimas horas de vida, eso fue lo que yo vi y que los peritos también lo vieron”, aseguró Buendía.

Otro dato que suma a la impunidad en el caso de Mariana Lima es el hecho de que su entonces pareja era policía de investigación de la Procuraduría General del Estado de México, lo cual detuvo aún más el proceso. Para Irinea, así son los códigos no escritos de los servidores públicos corruptos, “es ahorita lo haces tú y nosotros te ayudamos, al rato lo hace uno de nosotros y tú ayudas a cubrirnos. A él desde un principio lo protegieron”.

De enero a octubre del 2020, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México es la entidad más peligrosa en el país para las mujeres con un registro de 119 casos de feminicidio.

Atentados contra la justicia y la verdad

Hace diez años y medio Irinea Buendía no se imaginó el camino que le esperaba, y menos aún pensó que la búsqueda de la justicia por el asesinato de su hija podría poner en riesgo la vida del resto de su familia.

Uno de sus hijos fue víctima de hostigamiento disfrazado de operativos oficiales o revisiones de rutina de la Policía Estatal, eso lo llevó a traer consigo guardias que ya en una ocasión las autoridades estatales desarmaron.

Otra de sus hijas, Guadalupe Michel Lima (testigo fundamental en la investigación del asesinato de Mariana Lima) sufrió un atentado el 20 de enero de este año, en la delegación Itzalapa, unos hombres en motocicleta dispararon en seis ocasiones contra el vehículo donde ella viajaba. 

“Me preocupa mucho porque finalmente todo es nada más por haber buscado tener acceso a la justicia porque no queremos otra cosa, no queremos notoriedad, ni dinero, solo queremos justicia”, manifestó Irinea Buendía.

Cuando fue víctima de feminicidio, Mariana Lima Buendía tenía 29 años de edad, iba a ser abogada. Estaba haciendo su servicio social en el municipio de Chimalhuacán. Ella tenía proyectos, sueños por cumplir que una noche le fueron arrancados.

Desde hace cuatro años y medio, Julio César Hernández Baillnas está preso porque la investigación demostró que fue él quien asesinó a Mariana Lima. Sin embargo, aún no recibe sentencia. Hasta ahora, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha cambiado siete veces al juez encargado del caso. Y aunque están en la recta final, aún no se tiene fecha para que concluya.

La lucha de Irinea Buendía por conseguir justicia para su hija en un sociedad machista como la mexicana no ha sido sencilla y en ocasiones ha tenido que sacar fuerzas de donde muchas veces ya no las hay, porque de lo contrario las autoridades dejan en el olvido los casos y la violencia contra las víctimas quedan impunes.

“Yo no voy a descansar hasta lograrlo, porque mi hija no murió de una enfermedad, mi hija fue asesinada vil y cobardemente por el hombre que juró amarla, respetarla y protegerla, sin saber mi hija que se casaba con su propio verdugo. Dicen que las feministas que queman, que pintan, que rayan, que hacen, pero si nosotros no tuviéramos que andarlos presionando a ellos como autoridades para que investiguen y que los asesinos feminicidas estuvieran donde deben de estar para sentar un precedente de no repetición, nosotras no tendríamos que andar tomando las calles”.

En información publicada en 2016 por CIMAC Noticias, retomada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en el caso de Maria Lima Buendía además de la sentencia condenatoria para el agresor, hay una serie de pendientes que tendrían que ser también subsanados por el estado. Entre ellos, consignar a las personas responsables por las omisiones, negligencias y obstrucción de la justicia en la investigación de su asesinato.

De acuerdo a la información publicada, la Subprocuraduría de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México identificó al menos 56 irregularidades en la investigación original y se dio aviso a la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos por Servidores Públicos y al Órgano Interno de Control, por posibles hechos constitutivos de delitos.

Por su parte, el Estado de México está obligado a reparar el daño a las y los familiares de Mariana Lima, quienes han requerido atención psicológica y médica debido al desgaste en la búsqueda de justicia.

Foto: ONU Mujeres/Dzilam Méndez

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