Salud Mental con Derechos. Una deuda pendiente con las poblaciones LGBTI+ en México.

Por *talaria_Lab

Con la reciente discusión y aprobación del proyecto de dictamen sobre la Ley General de Salud Mental y Adicciones en la Cámara de Diputados y en el marco de la conmemoración del 3 de diciembre del Día de las Internacional de las Personas con Discapacidad, se genera un contexto propicio para repasar los límites y alcances de las políticas públicas que atienden a estas poblaciones históricamente vulneradas.

Sin embargo, debemos partir de un enfoque crítico de todo esfuerzo del Estado por ordenar jurídicamente materias que durante años no se ha molestado en tocar. Por supuesto, la Pandemia por Covid-19 y sus efectos a nivel personal han puesto de manifiesto la importancia de la Salud Mental en la población en general, no es errado señalar que el confinamiento, el distanciamiento social, la hipervigilancia por parte de las autoridades sanitarias, el trabajo de cuidados, el cambio de estilos de vida y en general la ansiedad han alterado la normalidad, vieja y nueva, sobre la que todxs planteamos la vida cotidiana.

Por otro lado, este interés por la Salud Mental no es aleatorio. El Gobierno Federal ha abanderado –sea dicho, desde una perspectiva moralista y estigmatizante– la cruzada contra las adicciones desde 2018, supuestamente para diferenciarse de los enfoques de administraciones previas. En este sentido, legislar en materia de Salud Mental no es más que la cuota necesaria para separarse del enfoque centrado en Seguridad Pública.

Esta Ley General de Salud Mental y Adicciones  ha sido señalada en varias discusiones legislativas, de Parlamento Abierto, Foros institucionales e incluso conversaciones en Twitter (por ejemplo, con el hashtag #SaludMentalconDerechos) con numerosas fallas, sigue sin contemplar a las personas con Discapacidad Psicosocial como sujetos de derechos y contempla medidas coercitivas que hacen permanente el abuso histórico de la medicina y la ley sobre las personas con corporalidades locas, usuarias de sustancias y con discapacidad, basta consultar los más recientes informes de Disability Rights y Human Rights Watch para dar cuenta de esto.

Todo lo anterior es válido incluso para la población en general, pero se incrementa en personas LGBTI+ por estar sometidas a los efectos de la violencia y discriminación sistémica. Aunque existen numerosas investigaciones académicas al respecto (confróntese por ejemplo los trabajos de Luis Ortiz-Hernandez, de la UAM-X, Ignacio Lozano Verduzco, Julián Fernández y Ricardo Baruch-Domínguez de la UPN) nos gustaría problematizar en torno a cinco aspectos específicos con un enfoque interseccional, particularmente con el acceso de la población LGBTI+ a servicios de Salud Mental.

El odio hacia las personas de la diversidad sexual.

Aunque existen algunos avances en contextos particulares, ser una persona del colectivo LGBTI+ en México es sinónimo de riesgo. El rechazo, desde el internalizado hasta el que se da en contextos sociales, hace que no se cuenten con grupos de apoyo ni recursos para poder tener acceso a una Salud Mental adecuada. Nos acosan, persiguen y matan con impunidad sólo por existir. No es una sorpresa que la salud mental se vea menguada.

La violencia institucionalizada

La policía, las instituciones médicas y la cárcel cumplen su función de administrar los cuerpos al servicio del Capital. Entre más nos desviamos de la norma, por ejemplo, al ser una persona no cis o heterosexual con alguna condición de salud mental, aumenta la posibilidad de que la diferencia se convierta en estigma, el estigma en exclusión, y la exclusión en tortura y muerte. Las omisiones de las autoridades son también responsabilidad, es imposible acceder a condiciones dignas si quienes tienen la obligación de proveerlas, no lo hacen.

La negación de las identidades diversas

El pretendido borrado de nuestros modos de vida a través de las ECOSIG y otras formas de tortura, así como a falta de servicios de salud universales, accesibles, gratuitos, asequibles y sin discriminación nos deja a merced de opciones de tratamiento poco éticas o incluso criminales, esto es especialmente cierto para la niñez y juventudes.

La falta de servicios eficientes para el uso problemático de sustancias

Una de las principales muestras del deterioro de la salud mental es la incidencia en el uso de sustancias que puede llegar a usos problemáticos. Este uso problemático también sirve como pretexto para ingresar a centros de ECOSIG o Anexos, y para aplicar otros modos de tortura y tratos crueles e inhumanos, aunado al racismo, LGBTI+fobia, el clasismo, y el capacitismo en el tratamiento del uso problemático de sustancias.

La cuestión Trans* y la patologización de sus identidades y prácticas.

Más allá del simple hecho de salir de los manuales de diagnóstico, la cuestión Trans* pone en jaque a los servicios y autoridades de Salud Mental. En México, no existen suficientes instrumentos que reconozcan a las personas Trans* o garanticen sus derechos. En las entidades donde existen, los procedimientos médicos obligan a probar médicamente la identidad de las personas, las somete a procesos para encajar en un binario de género y les hace renunciar a algunos procesos biológicos para tener acceso a su identidad trans. Todo esto hace que las personas Trans*, sobre todo las mujeres y la niñez, estén expuestas a maltrato y discriminación desde la psiquiatría.

Sabemos que, por definición, el derecho debe tener un objeto definido y limitado, sin embargo, es indispensable que toda ley tenga un enfoque donde quepan todas las realidades del objeto que busca regular. Por otro lado, apostamos a otros modos de organización que no pasen por lo estatal. La escucha y atención a la experiencia de personas locas, enfermas, psiquiatrizadas, racializadas, con discapacidad, trans*, maricas, lenchas, e independientemente de su identificación, harán un poco menos injustos la ley y sus instrumentos.

Sigamos la conversación en Redes Sociales, @talaria_lab

*talaria_Lab somos Aldri Covarrubias y Maria Villanueva, investigadores y comunicadores en materia de Derecho a la Salud.

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