El derecho a defender derechos humanos

Por: Adriana Guadalupe Rivero Garza* 

Existen varios casos emblemáticos, no por la excelente actuación del Estado Mexicano sino por las diversas y graves violaciones a derechos y libertades fundamentales que ha cometido, que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en materia de investigación y sanción de los delitos cometidos contra mujeres en nuestro país; por la ausencia de la perspectiva de género, el enfoque interseccional y la debida diligencia en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, los casos González y otras (“Campo Algodonero”) vs México, cuya sentencia fue emitida en noviembre de 2009, Fernández Ortega y otros vs México, del 30 de agosto de 2010, Rosendo Cantú y otra vs México, del 31 de agosto de 2010 y Digna Ochoa y Plácido y Familiares contra México, sentencia del 25 de noviembre de 2021, entre otros.

La CoIDH, al analizar los casos en que lamentablemente hay víctimas mujeres, ha formulado algunas reflexiones que nos sirven de marco para la interpretación de los derechos humanos violados, como por ejemplo que: 1) el género es una condición social que limita de manera importante el ejercicio de los derechos; 2) la discriminación sistemática e histórica que viven las mujeres es una situación cultural que debe erradicarse; 3) los roles de género aun afectan el actuar de las autoridades estatales; 4) las desigualdades se viven, no solo por género, sino también según otras condiciones sociales como la nacionalidad, la etnia, la discapacidad; 5) hay contextos de violencia contra las mujeres que se ven agravadas no sólo por el género sino por el ejercicio de una profesión (CoIDH, 2018, p. 5).

Dicho sea de paso, estas sentencias de la CoIDH deben cumplirse a cabalidad por todas las autoridades del Poder Judicial, pues no solo tienen carácter orientador sino también vinculante. Así que si Ud. es litigante estratégico y/o acompañante de mujeres víctimas de violencia argumente con base en estas sentencias y obligue a que se reconozcan en su totalidad.

Ahora bien, respecto a la cultura de discriminación, la CoIDH en la sentencia del caso del “Campo Algodonero” reconoció que los actos de exclusión, subordinación y violencia que viven las mujeres “están influenciados por una concepción errónea de su inferioridad”. Cultura que está profundamente arraigada en estereotipos de género y patrones sociales que se reflejan, también, en el actuar de las autoridades mexicanas. 

Además, ha reconocido en otros casos -como el de Fernández Ortega y Rosendo Cantú- que la violencia contra las mujeres no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que también es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” (CoIDH, 2018, p. 14) por lo que se requiere de una atención, investigación y sanción que tomen en cuenta los enfoques de género y de interseccionalidad (clase, raza, grupo étnico, nivel de ingresos, nivel educacional, edad, religión).

Aunado a ello, en el Caso Rosendo Cantú, también ha reconocido que la violación sexual puede constituir tortura, por la intencionalidad, la severidad del sufrimiento y la finalidad de acto, cuando se trata de militares contra mujeres (CoIDH, 2018, p. 44).

Así, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha ido avanzando no solo en la interpretación sino en el cumplimiento de las convenciones signadas por nuestro país, para señalar al Estado Mexicano que su actuación en materia de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres debe intensificarse, fortalecerse y, sobre todo, poner el foco en la forma como las autoridades están realizando su trabajo, pues a pesar de que tenemos leyes de avanzada, protocolos, manuales y demás, la realidad es que en la práctica nos seguimos topando con prejuicios y estereotipos profundamente arraigados que impiden que las mujeres se les garantice una vida libre de violencia y acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.

La sentencia del 25 de noviembre de 2021 de la CoIDH, “Digna Ochoa y Plácido y Familia” es una de varias que se han dictado a nivel internacional en las que reiteradamente se señala que el Estado Mexicano debe, urgentemente, modificar la forma como se aplican las normas, los protocolos y los mecanismos diseñados para que las personas accedan a la justicia en condiciones de igualdad, de no discriminación y de no violencia. Aunado a que debe erradicarse completo el estado de impunidad que impera en nuestro país.

Allí, la CoIDH no sólo recordó al Estado Mexicano lo anteriormente dicho. Sino que además indicó dos cuestiones son importante resaltar. La primera es que señaló que todas las autoridades deben actuar con base en la debida diligencia, tanto en la investigación como en la judicialización, pues aún existen estereotipos de género que obstaculizaron el procedimiento y Digna fue víctima de un discurso estatal encaminad a denostar su imagen pública (CoIDH, 2021, Caso Digna Ochoa y Familiares vs México).

La segunda es que indicó que toda investigación de violencia contra las mujeres debe investigarse con enfoque de interseccionalidad, pues reconoció que las mujeres defensoras de derechos humanos viven obstáculos adicionales por razones de género, pues tienen mayor posibilidad de ser víctimas de estigmatización y estar expuestas a comentarios de tipo sexista o misóginos.

Y es aquí donde quiero detenerme, pues la CoIDH obligó al Estado Mexicano a reconocer que en nuestro país tampoco se garantiza el derecho a ejercer una profesión sin violencias y discriminaciones cuando se trata de defensoras de derechos humanos, pues hay prejuicios de género que lo impiden de manera grave, hasta perder la vida en el proceso de asesoría o acompañamiento de las víctimas. Ya dos casos ante la Corte lo evidenciaron: “Fernández Ortega y otros” y “Digna Ochoa y Plácido y familiares”.

De esta manera, el ejercicio de la abogacía y del acompañamiento a víctimas, es una profesión y actividad que enfrenta riesgos importantes, que el Estado Mexicano debe atender, por las distintas amenazas, agresiones y hostigamientos que reciben algunas personas defensoras en su desempeño. Llamadas telefónicas, envío de mensajes, impedimentos por parte de las autoridades para coadyuvar en los procesos o, incluso para acompañar casos de violencia contra las mujeres, actos de amedrentamiento, impedimentos para ingresar a determinados edificios públicos, denegación de información, discursos mediáticos para denostar o dañar a la persona defensora, violencia física, sexual, lesiones, secuestros, homicidios y feminicidios. Todo alrededor del ejercicio de una profesión. 

En ese sentido, tanto organismos nacionales como internacionales han señalado esta grave situación. Incluso, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil lo han documentado puntualmente. Hay, por ejemplo, amicus curie presentados ante el Tribunal Internacional que son relevantes, que vale la pena su análisis, pues han destacado puntualmente que los prejuicios de género y los contextos de violencia en nuestro país impiden el libre ejercicio de la abogacía, que en muchas ocasiones se ve amenazada y perseguida (OIAD, 2021).

Y es que, en nuestro país, hay que decirlo, hay situaciones graves que ponen en riesgo la labor que realizan las y los abogados defensoras de derechos humanos, así como acompañantes de víctimas de violencia de género; aunado a que las garantías de protección y acceso a la justicia frente a amenazas recibidas son deficientes.

El contexto de violencia contra personas defensoras de derechos humanos comenzó a exacerbarse en la década de los noventa, pero persiste de manera peligrosa en la actualidad; pues tanto abogadas como abogados se han convertido en objeto de ataques directos debido a los servicios que ofrecen de asesoría, orientación o acompañamiento. Esto es, en México existen importantes obstáculos para ejercer libremente la profesión y para garantizar el derecho a defender derechos humanos (2021, p. 7).

La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el 2016, manifestó su preocupación por el incremento de las agresiones y hostigamientos contra personas defensoras por parte de servidores públicos. Por lo que emitió las Recomendaciones Generales 24 y 25 en las cuales determinó la necesidad de que se emitieran informes de monitoreo de las agresiones en contra de personas derechos humanos y periodistas, generando una semaforización que permita identificar contextos con mayor incidencia y agresiones más comunes. Sin embargo, el último informe mensual público, emitido por el Mecanismo de Protección, es el del 8 de junio de 2021. 

A veces, el panorama parece desolador. Las autoridades incumpliendo la propia normativa creada en México para prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres. Autoridades haciendo caso omiso de sus propias obligaciones. Personas, que fungen como servidores públicos, que al momento de ejercer su función privilegian sus creencias, ideas o el prejuicio de género frente a la ley. Inaudito.

En México, es urgente reforzar los mecanismos de investigación de las denuncias, así como los procesos de acompañamiento que realizan las personas defensoras de derechos humanos, de manera que se pueda garantizar el derecho humano a ejercer una profesión de manera libre y segura.

Amnistía Internacional ha informado que, en México, la violencia que viven las personas defensoras de derechos humanos es monumental, requiere de acciones contundentes. Incluso, es urgente incorporar los enfoques de género e interseccional, pues cuando se trata de mujeres defensoras o acompañantes, la violencia se exacerba.

El derecho a defender derechos humanos debe implicar ejercer una profesión o una actividad sin violencias, intimidaciones o criminalización; por lo que las autoridades mexicanas deben garantizar ambientes seguros para la realización de dicha labor. Si no lo hacen deben existir sanciones específicas y ejemplares, pues estas omisiones (o acciones deliberadas e intencionales que tienen a México en el 97% de impunidad de los casos denunciados) están costando la vida de las defensoras de derechos, de acompañantes, de las mexicanas. 

Referencias

CoIDH. (2018). “Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Derechos humanos y mujeres. https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo4.pdf 

CNDH. (2016). Recomendación general 25. Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos. México. http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=15002

Fundación del Consejo General de la Abogacía Española y Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo. (2021). Amicus curie. Caso Digna Ochoa y Plácido y Familiares Vs México. https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2021/05/Amicus-Curiae-Fundacion-Abogacia-OIAD-Caso-Digna-Ochoa-vs-Mexico.pdf

*Doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó la Licenciatura en Derecho, también por la UAZ, y cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana León; así como una Maestría en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Se especializó en Estudios de la Mujer en la UAM-Xochimilco, y en Estudios Feministas y de Género en la Universidad del País Vasco, España.

Cuenta con Diplomados en Aplicación Práctica de Protocolos de Actuación en materia de violencia de género contra las mujeres, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Derecho Electoral por la UAZ. Así como en Proyectos para la Formación de Recursos Humanos en Equidad de Género y Violencia contra las Mujeres y Ciudadanía de la UAM-Xochimilco; Análisis de las normas jurídicas desde una perspectiva de género y Clínicas Jurídicas Especializadas en Derechos Humanos de las Mujeres para el acompañamiento a víctimas de violencia.

Ha impartido talleres en metodología jurídica, lógica deóntica, interpretación jurídica, aplicación práctica de protocolos de actuación en materia de violencia de género, protocolo para juzgar con perspectiva de género, institucionalización de la perspectiva de género y lenguaje incluyente.

Fue Consejera Consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres del 2012 al 2016. 

En 2015 fue Integrante de la Delegación Oficial Mexicana ante la ONU, en el 59 periodo de sesiones de la Commission on the Status of Women, llevada a cabo en Nueva York.

Actualmente es Docente Investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

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