Investigación por muerte violenta de niña de nueve años cumple cuatro años detenida

La muerte violenta de Raquel “N”, una niña de 9 años de edad que sufría de maltrato físico y psicológico en su entorno, sigue impune a más de cuatro años de sucedida debido a la falta de voluntad de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. Las autoridades ministeriales perdieron pruebas, no se tomaron en consideración los reportes por maltrato previos y se han alargado procesos que podían realizarse con rapidez, dijo en entrevista Mariana Ávila Montejano, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA).

El 16 de abril de 2017,  la madre de Raquel reportó a los servicios de emergencia  que había encontrado a su hija sin vida, en su recámara. En las primeras indagatorias, de acuerdo con el OVSGA, se registraron las primeras irregularidades. 

El padrastro de la niña –quien en ese momento era policía estatal– estaba en la casa  cuando ocurrió la muerte de Miriam,  posteriormente participó en el levantamiento de las evidencias y desde la perspectiva del observatorio esto pudo alterar los indicios a falta de un resguardo adecuado del lugar. 

La Fiscalía cerró el caso como suicidio, sin embargo, el Observatorio intervino para solicitar acceso al expediente argumentado el interés legítimo por el hecho de que la integridad de niñas, niños y adolescentes debe salvaguardarse por parte del Estado y de toda la sociedad.

La organización solicitó tomar en cuenta los elementos existentes para iniciar una investigación de homicidio con agravante de feminicidio. En aquél momento, el feminicidio no estaba tipificado como  delito autónomo en el Código Penal de Aguascalientes. La tipificación se aprobó el 21 de agosto de 2017.

“Cuando nos hablan de una niña de 9 años, y por supuesto cuando sabemos del contexto en el que se encuentra esta niña, entendemos que realmente cuando se anuncia un suicidio en los medios de comunicación o por las autoridades, es resultado de una serie de hechos y omisiones que estuvieron alrededor del desarrollo del caso”, agrega Ávila Montejano.

Luego de solicitar la apertura de una carpeta de investigación a la Fiscalía, que  tardó entre cuatro y seis semanas en integrarse, el Observatorio se dedicó a indagar cuáles eran las condiciones reales de la vida de la niña y a partir de ahí empezaron a reunir testimonios de las vecinas, e incluso de las maestras de su escuela, que daban fe de la violencia constante que ella vivía.

Por ejemplo, cuando Raquel murió de forma violenta tenía el cabello corto; las maestras de la escuela refirieron que eso se debía a que hubo un brote de piojos en la escuela y su mamá y su padrastro optaron por raparla, lo cual para el Observatorio fue un acto de maltrato.

En el proceso de investigación hubo un elemento que detuvo por alrededor de cuatro meses la investigación. La fiscalía solicitó información al Instituto de Educación de Aguascalientes  para corroborar la existencia de la escuela y la dirección exacta, sin embargo, la autoridad educativa respondió que la escuela no existía, según lo informó la Fiscalía al Observatorio.

Con el fin de coadyuvar con el proceso de la indagatoria y conocer el contexto en el que se desarrollaba la niña, Wilfrido Salazar Rule, asesor jurídico del Observatorio buscó la escuela y dio con ella.

“Recuerdo que había una escuela de Nissan o que le habían puesto el nombre de Nissan, pregunté y me dijeron: ‘sí, aquí arriba donde termina la parte más alta, a un costado de Línea Verde está la escuela’ y efectivamente fui, tomé fotografías del nombre, de la clave y se la pasamos al agente del Ministerio Público, inclusive les pasamos la ubicación, la georreferenciación de Google Maps”, explica Wilfrido Salazar.

Luego de obtener este dato, las autoridades encargadas de la investigación nunca hablaron de un avance en la investigación y el Observatorio está impedido para verificar este avance por no estar autorizados legalmente para dar seguimiento a la investigación. En poco más de cuatro años, el caso ha sido atendido por cinco ministerios públicos distintos y hasta el momento la carpeta sigue detenida.

Otro de los motivos por los que la investigación se detuvo durante tres años ha sido la falta del dictamen psicológico y psicosocial.

“Necesitamos conocer el contexto de violencia y por supuesto que nosotros estamos a favor de que se lleven a cabo todas estas diligencias y que se integren a las carpetas de investigación el dictamen, pero no podemos hablar de que un dictamen dura más de tres años en ser realizado”, argumenta Ávila Montejano.

La exigencia del OVSGA sobre el caso de Raquel “N” es que no se abandone la carpeta, y que se investigue con perspectiva de género y bajo el Protocolo de Muertes Violentas de Mujeres. En Aguascalientes, el Observatorio tiene al menos registro de cinco casos de feminicidio que la Fiscalía inicialmente cerró como suicidio, de éstos, la organización acompaña a cuatro.   

Desde la sentencia de Campo Algodonero dictada en 2009, todas las muertes de niñas y mujeres debe investigarse de forma exhaustiva hasta descartar que no fue un feminicidio.

 Salazar Rule, asesor jurídico de la organización, agrega que inclusive en el  Artículo 100 del Código Penal de Aguascalientes existe el delito de instigación o ayuda al suicidio -que se refiere a la intervención de una tercera persona con actos o actitudes que pudieran influir en la decisión de quitarse la vida- por lo que la Fiscalía está obligada por partida doble a investigar exhaustivamente la muerte de Raquel.

*El nombre de la víctima fue modificado porque su carpeta está aún en proceso de investigación.

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