Aguascalientes en el mapa de la crisis forense

Redacción

El pasado 26 de agosto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) reveló que dentro de las instituciones forenses del país hay, al menos, 52 mil cuerpos de personas no identificadas que podrían estar siendo buscadas por sus familias. En Aguascalientes, de acuerdo con el informe, la cifra de cuerpos no identificados y resguardados en el Servicio Médico Forense (Semefo), perteneciente a la Fiscalía General del Estado, es de 136.

Los datos corresponden al periodo entre 2006 y el 31 de octubre del 2020, sin embargo, tanto el MNDM como investigaciones periodísticas estiman que el número de personas fallecidas que durante años han esperado ser identificadas en el país podría ser mucho mayor.

La falta de capacidad del Estado Mexicano para identificar cuerpos ha impactado en el nulo acceso a la justicia de las miles de víctimas desaparecidas en el país, pues muchas de las personas que esperan ser identificadas son buscadas por sus familias, la mayoría de las veces durante años.

De acuerdo con el informe del MNDM, el 60% de las personas fallecidas no identificadas en México se encuentran en fosas comunes dentro de cementerios públicos “que tienen registros deficientes y alta probabilidad de extravío de cuerpos”. Otro 7% se encuentra dentro de las instalaciones de los servicios forenses, el 5% en universidades y el 1% en centros de resguardo forense. Mientras que en un 22% de las personas fallecidas no identificadas las autoridades no han podido –o no han querido– informar su ubicación.

En el ranking nacional, siete entidades concentran al 71.73% de los cuerpos no identificados en todo el país: Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León. Aguascalientes se encuentra por debajo de la media nacional y es una de las entidades con menor número de personas fallecidas no identificadas, sin embargo, la capacidad del sistema forense del estado para almacenar más cuerpos está casi al límite.

Una cadena de omisiones

La “emergencia forense” –como la han llamado desde el Gobierno Federal– alcanza a todo el país y es multifactorial, pues va desde el acumulamiento de cuerpos por el incremento de homicidios en el país desde el 2006 –año en el que inició la llamada “guerra contra las drogas” y el uso de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública, implementada por el expresidente Felipe Calderón–, hasta la falta de especialistas forenses, equipamiento deficiente y la poca capacidad de los estados para avanzar en las tareas de identificación genética.

Además, las Fiscalías estatales no han creado bases de datos interconectadas –y rara vez comparten información sobre las carpetas de investigación–, lo que dificulta la búsqueda de personas desaparecidas en una entidad diferente a la de su origen, como ocurre en el caso de Aguascalientes, donde al menos seis personas (José Guadalupe Rodríguez, Arturo Muñoz, Sergio de Lara, Paola Álvarez, Diego Portocarrero y los hermanos Gilberto y Jorge López Reyna) desaparecieron en municipios de Jalisco.

Frente a los pocos resultados de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas –más de 90 mil de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda– las familias de las víctimas se han visto obligadas a salir a buscar por sí mismas: han encontrado fosas clandestinas, se han puesto en peligro para investigar dentro de grupos del crimen organizado, o han recorrido Servicios Médicos Forenses para hurgar entre las fotografías de miles de personas asesinadas, una tortura.

En agosto del 2020, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) y el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia organizaron la primera caravana regional de búsqueda de personas desaparecidas. Durante dos días, las familias que integran el Colectivo, así como otras que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas, visitaron los Servicios Médicos Forenses de Puerto Vallarta, Guadalajara y Lagos de Moreno.

Familiares de personas desaparecidas en Aguascalientes y Jalisco buscaron a sus seres queridos en el Semefo del municipio jalisciense de Lagos de Moreno en 2020, durante la Caravana Regional de Búsqueda.

Durante el recorrido se lograron acuerdos con las autoridades ministeriales, pero aunque se revisaron cientos de fotografías de personas asesinadas, no se logró identificar a ninguna. En muchos casos, la condición de los cuerpos hizo imposible su identificación.

Identificación genética: una tarea pendiente

Hasta el 31 de agosto del 2020, y de acuerdo con el informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), las autoridades de once entidades del país informaron que tenían 6 mil 176 peritajes pendientes de realizar, principalmente en genética, antropología física y odontología. Una de esas entidades es Aguascalientes.

El documento señala que “la resolución 10/26 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de 2009, concluye que el uso de la genética forense y la creación voluntaria de bancos de datos genéticos tienen un rol crucial en la identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

“En general, todas las familias de personas desaparecidas que han denunciado sus casos han dado muestras de sangre y/o saliva a algún servicio forense del país. Muchas veces, las familias se han visto en la necesidad de dar muestras a varias instituciones, lo que ilustra la falta de interconexión entre las diversas bases de datos existentes en el país”, se explica en el informe.

La poca capacidad que hay en el país para la identificación genética tiene que ver, primero, con el alto número de personas a las que no les han regresado el nombre; y segundo, con las diferentes formas en las que éstas personas fueron asesinadas: sumergidas en agua, incineradas, intervenidas con soluciones químicas o enterradas en fosas clandestinas,  lo que eleva el grado de complejidad en la identificación genética. Y tercero, con el bajo número de peritos forenses en especialidades como genética, arqueología, antropología y odontología.

“Según la información que nos proporcionaron 17 servicios forenses, en promedio, se identifica mediante ADN al 14.05% del total de personas fallecidas que ingresan sin identidad”, señala el estudio.

De entre las 17 entidades que sí proporcionaron información, Hidalgo es el que tiene un mayor porcentaje de identificación genética en cuerpos sin nombre, aunque no logra identificar ni a cinco de cada 10 personas fallecidas, pues sólo alcanza el 37.8%. Le sigue Nuevo León, con 30.3%; la Fiscalía General de la República, con 26.6%; Oaxaca, con 24.2%; y Aguascalientes, con 19.8%.

Entre los proyectos para paliar la crisis forense en México, se encuentra la puesta en marcha del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) –impulsado y promovido por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México–, anunciada el pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El MEIF cuenta con un Grupo Coordinador integrado por siete especialistas que trabajarán en distintas áreas con el objetivo de avanzar en la identificación, notificación y restitución digna de las más de 50 mil personas fallecidas que no han sido identificadas en el país.

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