La comunidad del Malacate no se niega a compartir el agua; exige que la obra sea clara, legal y sin poner en riesgo el monte

Por: Redacción

El día 30 de septiembre, el Colectivo El Malacate “Guardianes del Monte”, convocó a rueda de prensa para exponer el hostigamiento que han estado viviendo las y los habitantes de las comunidades del Relicario y el Malacate, mismas que están contempladas en el megaproyecto hidráulico de Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) desde agosto del año pasado.

Dicha obra está suspendida provisionalmente gracias a los amparos que fueron interpuestos por las habitantes de la comunidad en enero y febrero del 2025, con apoyo de la clínica de litigio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes. 

A pesar de esto, las defensoras han denunciado que el pasado 22 de julio de 2025, MIAA intentó continuar la obra pese a la suspensión; sus trabajadores llegaron con maquinaria (retroexcavadora, tubos de PVC de 41 cm de diámetro), y fueron escoltados por policías y fuerzas especiales armadas. Cuando la comunidad detuvo la maquinaria y pidió una explicación al personal, los abogados de MIAA no mostraron permisos válidos de construcción, sino documentos catastrales.

De acuerdo con el Colectivo El Malacate “Guardianes del Monte”, esta situación inició el año pasado cuando personas llegaron a la comunidad y recabaron firmas argumentando que iban a realizar obras en beneficio de sus habitantes; bajo ese único argumento y sin brindar más información, personas de la comunidad firmaron pensando en una mejora. Sin embargo, poco tiempo después, los habitantes se dieron cuenta que dicho proyecto no era en beneficio de la comunidad, ni para implementar una red de tuberías para distribución de agua para las y los vecinos, sino para llevar agua a otros fraccionamientos cercanos como Fundadores, Mujeres Ilustres y el Reencuentro.

El proyecto ha destruido y dañado el territorio, así como la flora nativa y a la fauna del lugar, el cual contemplaba realizar una segunda conexión al pozo del Malacate para extraer más agua con una tubería de 16 pulgadas de diámetro (41 cm aproximadamente); la narrativa de la autoridad ha sido que los habitantes del Malacate “no quieren compartir el agua con otros fraccionamientos”, aunque los vecinos aseguran  que el pozo del Malacate comparte el agua desde hace 13 años con estos fraccionamientos. 

Al principio se pretendía interconectar tres pozos (Relicario P-058A, Malacate P-191 nuevo y P-096 antiguo). Sin embargo, a 300 mts del nuevo pozo P-191 ya existen dos pozos agrícolas privados, lo que aumenta el riesgo de sobreexplotación; los habitantes han expuesto en múltiples ocasiones, que hasta este momento no existe información clara sobre impacto ambiental ni beneficios reales para la comunidad y que no se ha hecho una consulta ciudadana.

En rueda de prensa también se expuso que el agua será destinada a fraccionamientos nuevos y no a la población local, debido a que en el nuevo catálogo de Áreas Prioritarias de Conservación se redujo al corredor biológico Malacate-Cobos Un 50% en el catálogo, y el Congreso estatal aprobó la donación de 31 terrenos para vivienda social, de los cuales 14 están en la zona del Malacate, lo que coincide con el desmonte e incendios que han detectado los guardianes. 

Como contexto de la crisis de vivienda y el cambio de uso de suelo de zonas consideradas como Área Prioritaria de Conservación (APC), el colectivo menciona que en Aguascalientes existen 80,000 casas abandonadas en la ciudad y que hay más de 4,000 hectáreas de terrenos baldíos, frente a una mancha urbana de 13,000 hectáreas, por lo cual consideran que el hecho de construir nuevas viviendas en áreas que tienen una importancia en el equilibrio hídrico local en lugar de rehabilitar las viviendas abandonadas, refleja el desconocimiento de las autoridades y responden a priorizar proyectos con intereses políticos y económicos por encima del bienestar ambiental y comunitario. 

En cuanto a la situación de vulnerabilidad y de riesgo, la comunidad ha identificado un aumento en las mismas pues, desde el comienzo de la obra, las habitantes de la comunidad han detenido sistemáticamente la maquinaria pesada ante personal de MIAA y fuerzas policiales, quienes han intentado reprimir a las habitantes y echado encima de las mujeres la retroexcavadora en dos ocasiones. Además, identifican un  incremento en los asaltos a mano armada en los caminos, así como falta de alumbrado público y amenazas de dejarlos sin suministro de agua.

A la fecha continúan las exigencias para garantizar el abastecimiento de agua para la comunidad, así como el reconocimiento de la prioridad del consumo humano sobre el agrícola-comercial y de inmobiliarias, y por la transparencia sobre volumetría e impacto de la obra. 

Los colectivos y organizaciones aliadas como el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes continúan con el acompañamiento a las defensoras y la exigencia a las autoridades para detener el hostigamiento a la comunidad, y garantizar sus derechos humanos y la consulta a sus habitantes sobre los proyectos que les impactan por encima de cualquier interés económico o político. 

Deja un comentario