Observatorio Digital

Por: Observatorio Digital

Cinthia, una mujer de 24 años de edad, sobreviviente de violencia feminicida, se encuentra privada de su libertad desde el 18 de junio de 2023, luego de haber defendido su vida y la de su hijo ante un ataque de su ex pareja.

“Para mí como mamá, me preguntaba por qué si él hizo tanto daño a mi hija, por qué ahora en vez de ser mi hija la víctima, ahora ella es la agresora y él se convirtió totalmente en la víctima”, declaró Rosa, madre de Cinthia. 

El día 12 de junio del 2023, Cinthia se vio obligada a defender su vida y la de su bebé tras un ataque de violencia feminicida por parte de Daniel “N”, su pareja en aquel momento; desde hace casi un año, ella continúa privada de su libertad.

El agresor no ha sido sentenciado por ninguno de los delitos que cometió,sino que goza de libertad condicionada, lo que le permite llevar a cabo su vida con normalidad, siempre y cuando haga presencia ante las autoridades con determinada regularidad.

En el momento del ataque, Cinthia tenía 2 meses de embarazo, y en años anteriores sufrió dos abortos espontáneos como consecuencia de la violencia física ejercida en su contra por parte de Daniel.

Pese a que el agresor ya contaba con antecedentes penales en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes por atentados al pudor, violencia, lesiones y tentativa de feminicidio, las autoridades facultadas para la impartición de justicia ignoraron dichos antecedentes y sentenciaron a Cinthia a 3 años de prisión. Ante esta desoladora situación y una desoladora defensa, la única alternativa que se le dio fue que se declarara culpable para reducir la condena y buscar beneficios, a lo que Cinthia accedió.

“A mi hija en muchas ocasiones la gente la vio muy golpeada y ese día no aguanto más otra agresión. Cuando pasaron los hechos, él amenazaba con matarla y le intentó dar un martillazo en la cabeza y ella tuvo que defenderse y me dijo que si no lo hubiera hecho, él la habría matado”, atestiguó Rosa.

El domingo 18, casi una semana después de la agresión contra Cinthia, ella fue detenida con violencia, pese a que ella advirtió que estaba embarazada; los agentes que realizaron la detención, no le explicaron los motivos para llevarla a cabo. Además de no haber cumplido con lo que dicta el protocolo de detenciones, la familia de Cinthia tuvo conocimiento sobre que había sido llevada directamente al CE.RE.SO femenil hasta varias horas después.

La familia asegura que hay irregularidades en la carpeta de investigación desde el inicio del proceso, y que la escena fue alterada por familiares del agresor.

A su vez, Rosa denunció que ella misma, su familia, su esposo y su hijo han sido víctimas de ofensas y amenazas por parte de Daniel “N”.

“Para mí es legítima defensa porque ella tenía miedo y me dijo: mamá, yo temía que matara a mi bebé, como lo hizo en dos ocasiones anteriores”, señaló Rosa.

En palabras del equipo jurídico del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, la legítima defensa es una causa de justificación o una excluyente de responsabilidad a un delito. Actualmente, la legítima defensa se debe analizar con perspectiva de género desde el inicio de una investigación. “Se tiene que entender que en el caso de una mujer que sufre violencia, es una agresión real inminente; una mujer que sufre violencia familiar, la está sufriendo todo el tiempo, no cesa sino hasta que ya no está el agresor, o hasta que ya están separados, pero si se continúa viviendo con éste, la víctima está a merced de esa violencia, entonces esta reinterpretación hace que ya no se considere que hay acceso a la legítima defensa sin una legítima defensa como tal, en donde ya ni siquiera hay delito, es decir, para las autoridades sí hay delito por lesiones o por homicidio al agresor, pero lo que determinan es la reducción de la condena, no la absolución por legítima defensa”, expresó Antonio Gonzales, abogado integrante del equipo jurídico del OVSGA.

Cinthia, además de haber sufrido violencia por parte de su agresor, sufrió violencia institucional ya que le fue negado maternar después de haber nacido su hijo. En palabras de su madre, las condiciones en las que estaba no eran dignas ni óptimas para que estuviera el bebé.

México tiene altos índices de procesos similares al de Cinthia, en donde no hay cifras oficiales de cuántas mujeres se encuentran privadas de su libertad por defenderse de sus agresores, mientras que los rangos de impunidad para los violadores y feminicidas es casi del 80%, según una investigación de un medio nacional. 

Por su parte, Mariana Ávila, defensora de derechos humanos y directora del OVSGA, mencionó lo siguiente: “Es una realidad que las mujeres viven penas mucho más severas, y no solo no se le permite ser libre, también se le imposibilita vivir su maternidad, porque en el momento en que fue detenida, Cinthia ya se encontraba embarazada y en el CE.RE.SO no cuentan con el equipo, la infraestructura y ni el personal para la atención de lactantes, niñas y niños, en general las autoridades son omisas a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. La discriminación, estigmatización y la falta de asesoría correcta la hizo declararse culpable; ante el mínimo análisis con perspectiva  de género se trató de legítima defensa, le recomendaron optar por el procedimiento abreviado para que la dejaran ir solamente a firmar, pero en realidad la sentenciaron a ocho años. 

La institución de procuración de justicia le falló. El Poder Judicial olvidó de nuevo guardado sus discursos y sus protocolos para juzgar con perspectiva de género. La sociedad indolente también le falló, pero su madre no dejará de gritar la verdad y de exigir su libertad”. 

¡Vivas y libres nos queremos!