Hace semanas se publicó un índice de aceptación de las y los presidentes de un grupo de países latinoamericanos. La empresa CID Gallup, fue la encargada de realizar este ranking que sistematiza la opinión de miles de ciudadanos y ciudadanas habitantes de las naciones seleccionadas. Aunque en este conteo no se consideraron todos los países de América Latina, faltando en la muestra Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, entre otros, es sobresaliente la aprobación que tiene el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El mandatario lidera el ranking con el 90 % de aprobación. Margen que fue creciendo en los últimos meses hasta alcanzar una popularidad histórica para cualquier líder o lideresa contemporánea.
Nueve de cada diez personas aprueban las políticas del líder del Ejecutivo Federal de El Salvador. Un número por demás considerable. Por encima de Andrés Manuel López Obrador, quien se posiciona en el segundo lugar con un nivel de aprobación del 75 %, el cual, también es bastante alto comparado con los impopulares Nicolás Maduro de Venezuela (19 %) y Guillermo Lasso de Ecuador con el 15 %.
La popularidad de la cual goza Bukele no es “gratuita”. Tiene que ver directamente con su política de seguridad que ha sido fuertemente criticada por organismos de Derechos Humanos, pero que ha sembrado un precedente en el combate contra la delincuencia que azotó a El Salvador durante décadas, la cual, viene recrudeciéndose desde 1979 hasta 1992 con la Guerra Civil que enfrentó el país y lo dejó devastado, empobrecido y en medio de la violencia, la marginación y la precarización.
Esta situación fortaleció el crecimiento de grupos de pandillas, como la Mara Salvatrucha, originada en la década de 1980 en Los Ángeles y afianzada en el territorio del país centroamericano durante todo este tiempo, hasta la implantación del llamado régimen de excepción que optó el Gobierno de Bukele para combatir a la Mara Salvatrucha y Barrio 18. El cual consiste entre otras acciones, en el encarcelamiento masivo (por miles) de integrantes y presuntos integrantes de estos dos grupos, ya que no siempre hay certeza de que efectivamente hayan cometido delitos o tengan alguna pertenencia a los mismos, llenando las prisiones de máxima seguridad hasta el tope y prácticamente “eliminando” los derechos humanos de quienes se encuentren privados de la libertad.
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Este es el ranking de aprobación de presidentes de Latinoamérica, según Gallup. Recuperado de: https://www.wfla.com/tampa-hoy/america-latina/este-es-el-ranking-de-aprobacion-de-presidentes-de-latinoamerica-segun-gallup/#:~:text=La%20clasificaci%C3%B3n%20est%C3%A1%20liderada%2C%20con,de%20Costa%20Rica%20Rodrigo%20Chaves. Junio de 2023
La aceptación que tiene el Gobierno actual de El Salvador es la muestra más clara y contundente del rompimiento del pacto social y la implantación de la política de la venganza. El mandatario es duro y arremete contra todas y todos los líderes de los demás países de América que le han enviado cartas para que no se reelija, contestándoles que son unos corruptos y criminales y que, con la ayuda de Dios, dirigirá a su país. Bukele tuvo que hacer uso de la famosa máxima bíblica del “Ojo por ojo”, que fue implantada hace casi cuatro mil años en el pueblo israelita y que no es otra cosa más que la venganza por cuenta propia. En el caso de Nayib Bukele, él es el justiciero, el vengador.
Cuando hablamos del pacto social, nos referimos al compromiso que hace el Estado, como ente jurídico constituido, ante la ciudadanía, quien, a cambio de regular las relaciones personales entre particulares, le otorgan su confianza, que se traduce también en el pago de impuestos, para que el Estado haga su trabajo de proveer, facilitar, proteger y garantizar la mejor calidad de vida para todas y todos, es decir, los Derechos Humanos. La humanidad es “buena por naturaleza” pero se corrompe, diría Rosseau; la humanidad es “mala por naturaleza y necesita el látigo del Estado”, diría Hobbes, pero ambos, estaban de acuerdo en que el pacto social era necesario. Hoy en día, este pacto social está roto pues la única forma de garantizar un entorno libre de violencia es por medio de la violencia misma.
El caso de El Salvador es la muestra inequívoca de esta realidad. La sociedad salvadoreña se encontraba harta, lastimada y colmada de una profunda ira por lo que vivían día con día. A grandes males, grandes remedios. Aceptaron y abrazaron la política recrudecida de Nayib Bukele porque el Estado les falló durante décadas, les mintió, empobreció al país y lo sumió en la más profunda violencia. Dónde transitar por la calle se convertía en un peligro inminente, donde las mismas pandillas gozaban de la impunidad de las Instituciones y donde toda política de acceso a la justicia, seguridad y control de drogas era absolutamente insuficiente.
El Estado falló y por eso las personas no podían esperar a que llegara una justicia distinta. El derecho a la reparación del daño y a la garantía de no repetición no existían en El Salvador, tal como sucede en muchos países de América, por eso, todo estaba quebrado. Vieron necesario mostrar mano dura porque no confiaban en otra forma. Ya no había tiempo para transformar el sistema educativo, proveer mecanismos de acceso a la justicia eficientes y pacificadores, generar una estrategia integral que impactara en la economía, la seguridad, la salud, incluso usar el arte como un medio colectivo de construcción de paz, y así evitar que esas niñas y niños que estaban creciendo en lo profundo de la violencia, en la precarización y la marginación, reprodujeran las mismas conductas que sus padres y se volvieran también parte de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, repitiéndose infinitamente el espiral de la violencia.
No podemos pedirles a las víctimas que perdonen. Es invasivo y colonizante. El proceso del perdón debe ser personal, si es que este ocurre. Y se debería tener concretada una premisa máxima de los mecanismos de justicia: la reparación del daño y la garantía de no repetición. Algo inalcanzable para las víctimas de la violencia de El Salvador. Por eso decimos que el pacto social está roto en Latinoamérica (sino es que en todo el mundo), y esa popularidad del 90 % es muestra de ello. Incluso si Nayib Bukele hubiese implementado una política integral para combatir la violencia, la sociedad ya no podía esperar más, porque el Estado había fallado desde hace décadas y hay desconfianza en que vuelva a fallar una y otra vez. No importa entonces que las cárceles sean centros violatorios de derechos humanos, porque para la sociedad salvadoreña ¿quién dice que estas personas tengan derechos? ¿acaso son humanos?. Cuando se rompe el pacto social entre Estado y sociedad, se rompe todo, y ese pacto, ya está roto desde hace siglos.
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