Desde hace 9 meses, Erika no ve a su hijo. Su ex pareja, Ernesto “N”, ha sido el encargado de arrebatarle a ella y al niño la posibilidad de convivir y estar juntos. Las autoridades e instituciones han sido cómplices de la revictimización que Erika ha vivido en su proceso de búsqueda de justicia.
Por: Georgina Macías
“Lo hago para joderte, asi me dijo mi ex pareja, cuando supo que lo que más me dolía era que me quitaran a mi hijo”, expresó Erika, una mujer de 30 años, que desde el año pasado se ha enfrentado a procesos legales para tener convivencias con su hijo de apenas 10 años, quien se encuentra en custodia de su ex pareja y los ex suegros de Erika.
Ella vivió violencia física, psicológica, económica y sexual durante 13 años por parte de Ernesto “N”, lo que la obligó hace dos años a salir de la relación junto con su hijo. Sin embargo, a mediados del año pasado, el agresor comenzó a ejercer violencia psicológica contra su hijo, posicionando al niño en contra de su madre, aun sabiendo que ella tenía la custodia, lo cual logró causar daños psicológicos a su hijo y fracturar la relación que ella tenía con él.
Según el informe de la iniciativa de la violencia vicaria del congreso de Aguascalientes expone lo siguiente:
“La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos… El objetivo es el control y el dominio sobre la mujer, en un alarde máximo de posesión en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad.»
Apenas en diciembre del 2022, se registraron 5 casos oficiales, sin embargo, contabilizar este tipo de procesos en la entidad sigue siendo una dificultad, pero se estima que son muchos más.
Después de dos años, Erika se separó de su ex pareja pero aún seguía recibiendo acoso por parte de Ernesto “N”. Fue el 27 de julio del 2022, que a Erika le arrebataron a su hijo y le prohibieron verlo.
“Mi hijo me empezó a decir muchas cosas en justificación de su papá, cosas que realmente un niño de nueve años, no te las diría”, expresó, Erika
El mismo documento de la iniciativa del Congreso asegura que la instrumentalización y manipulación de las y los hijos para dañar a la madre es uno de los factores principales de la violencia vicaria, incluso es considerada la violencia más cruel por el impacto que causa tanto en la madre como a los hijos e hijas.
La primera audiencia fue el 6 de diciembre, donde hubo muchas irregularidades, aseguró Erika, además, ella tenía una mala asesoría jurídica, sin perspectiva de género.
“El 31 de marzo el dictó sentencia y se dio la custodia a él y a mí me dio convivencia supervisadas de dos horas a la semana, nada más”, platico Erika.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), garantiza sobre el derecho de niñas y niños de vivir en familia:
1 • El derecho de niñas, niños y adolescentes a permanecer en su hogar y no ser separados de su padre/madre o familiares contra su voluntad, excepto que exista un peligro o riesgo grave para su integridad. La falta de recursos económicos no será motivo para apartarlos de su núcleo familiar.
• El derecho a mantener relaciones personales y contacto directo y regular con ambos progenitores/as, aún en el caso de separación o divorcio; salvo que se demuestre ante una autoridad jurisdiccional que ello es contrario a su bienestar y seguridad; por ejemplo, que ejerzan algún tipo de violencia en su contra.
Las y los niños deben de recibir información oportuna y no ser partícipes de procesos que puedan poner en riesgo su salud mental o física, además, los procesos en las audiencias deben seguir el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El juez no tuvo ningún fundamento para poder decir que esas convivencias fueran supervisadas, ¿cómo vamos a restablecer el vínculo mi hijo y yo si solamente van a ser dos horas a la semana?, el niño está muy manipulado por su papá, es de esperarse que el niño va a decir: “No la quiero ver”, porque tiene miedo a su papá”, denunció Erika.
El proceso ha sido revictimizante y la justicia se ha mostrado en contra de ella. Expresar el cariño a su hijo se ha convertido en una represalia. Los padres de su ex pareja también han sido cómplices a este rechazo que Erika está viviendo.
“Yo le dejé una carta diciéndole que lo quería mucho, que lo extrañaba, que estaba luchando por él y le dije no hay ni distancia, ni candados, ni nada, que nos pueda distanciar de nuestro amor, no sé si hayan usado eso como para decir ellos y su abogado que yo acoso al niño”, expresó, Erika.
Erika contó que su ex pareja tiene una posición económica que le permite ejercer el poder sobre ella, y por las irregularidades que ha vivido ha llegado ha pensar que también sobre las decisiones del juez.
Actualmente ella y su hijo reciben terapia psicológica de una institución del Estado, y cada cierto tiempo el especialista realiza un informe psicológico de la situación del niño. Sin embargo dicho informe no ha sido solicitado por el juez, Erika cuenta que el informe psicológico de su hijo es una prueba relevante y clave para la resolución de su caso, pero las autoridades han obstaculizado el proceso.
Erika se ha acercado a la Comisión de Derechos Humanos y Instituto de la Mujer, además que ha agotado todos los recursos jurídicos para obtener una resolución justa de su caso. Hace poco se unió al Frente Nacional de Violencia Vicaria, donde son más de 18 mujeres que viven en impunidad sus casos y han sido despojadas de su maternidad por la violencia que han ejercido sus parejas sobre ellas y sus hijos.
La negligencia de los jueces y personas involucradas en la impartición de justicia es una de las situaciones que más le extraña a Erika.
“Es un duelo por el que tengo que pasar, ¿pero por qué? siempre me pregunto cuando va a terminar esto..”, manifestó Erika.
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