Por: María Fernanda Alvarado
El pasado 9 de junio de 2022, la diputada Sanjuana Martínez Meléndez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, presentó en la Asamblea de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes la reforma conocida a nivel nacional como el “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres”, la cual busca erradicar la normalización de la violencia en contra de las mujeres en las propias instituciones gubernamentales e incluir la perspectiva de género en la Constitución local. Transformación impulsada por Las Constituyentes Mx Feministas y diferentes organizaciones y colectivas de mujeres en las entidades de todo México.
La iniciativa 3 de 3 propone como requisito para ocupar cargos de elección popular, designación o concurso, tres puntos básicos:
1. No ser deudor de pensión alimenticia;
2. No ser agresor sexual incluyendo el acoso y hostigamiento y,
3. No ser agresor por razones de género tanto en el ámbito familiar como político.
Los cargos incluyen: ser candidato a la gubernatura, diputación, presidencia municipal, regiduría, sindicatura, o bien, ser designado para una magistratura o juzgado del Poder Judicial, secretaría, subsecretaría o su equivalente en las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos, contempla también la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, así como titular de la Fiscalía General del Estado.
Actualmente, los sentenciados acceden a alternativas del sistema penal y la condena de prisión se permuta por otro tipo de pena no corporal, dejando al agresor en libertad. Resulta necesario establecer que los sentenciados por estos delitos contra las mujeres, independientemente de la sanción o medida de seguridad que les sea aplicada, sólo por haber cometido este delito no tienen posibilidad de ocupar cargos públicos. Además, es relevante remarcar que, desde la voz de la sociedad civil, se ha señalado que no es únicamente hacia los sentenciados, sino también con aquellos que son denunciados.
En las entidades de Yucatán, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y la Ciudad de México ya se exige como requisito para ocupar un cargo en la administración pública local, no ser deudor de pensión alimenticia. En el pasado proceso electoral, el Consejo General del INE emitió los lineamientos ya descritos de la Declaración “3 de 3 contra la violencia”, dichos lineamientos fueron aprobados por unanimidad, adoptados por todos los partidos políticos y publicados en el Diario Oficial de la Federación.
La CNDH busca invalidar la reforma en Yucatán e Hidalgo
El pasado 7 de julio, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma hecha en el estado de Yucatán e Hidalgo, que pretende invalidar dicha transformación legislativa, y permitir que los servidores públicos o candidatos a elección popular puedan ser deudores alimentarios morosos. El argumento de la CNDH recae en que se está violentando los derechos humanos de los representantes, en especial el derecho al trabajo.
Para 433 colectivas y organizaciones feministas, la CNDH actúa al servicio de intereses personales disfrazados de una supuesta discriminación para legitimar la presencia de hombres que violentan la integridad de sus familias e incumplen con sus obligaciones como padres. Con esta medida se vulneran los derechos de la niñez, la adolescencia y de las mujeres que son madres, sobre quienes recae la crianza, cuidado y manutención de las niñas y niños.
“Esta es una forma de violencia económica y patrimonial, ya que cualquier acto donde se controlan los recursos económicos o se niega la posibilidad de que una mujer tenga acceso a ellos, en este caso, en el ámbito familiar y de pareja afectan la supervivencia económica de la familia”, expresan colectivas y organizaciones en el posicionamiento político de Redes, Organizaciones y Defensoras de los Derechos Humanos emitido el 17 de agosto del presente año.
Un Estado que promueve el bienestar colectivo y equitativo de su población, tiene que regirse con coherencia y justicia al seleccionar las legislaciones, instituciones y gobernantes a los que les da presencia y poder, los representantes tienen que responder de manera efectiva a las expectativas y demandas de la ciudadanía. Al fomentar esta reforma, se perjudica la calidad de quienes ejercen la representación popular y por lo tanto de la funcionalidad de nuestro país, quien no cumple resoluciones judiciales no puede ubicarse en el mismo plano de quienes respetan la ley.
A través del posicionamiento político emitido por las organizaciones feministas, se le exige a Rosario Piedra Ibarra su renuncia inmediata al cargo como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; al Senado de la República que de no presentarse la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, inicie el procedimiento para su destitución y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que respalde la constitucionalidad de la reforma aprobada con anterioridad por el Congreso de Yucatán e Hidalgo.
Foto de portada: tomada de La razón México.
Observatorio Digital 