Sin justicia ni reparación integral víctimas de violencia sexual y feminicida

Marta* fue víctima de un asalto, agresión física e intento de violación el 2 de noviembre de 2020  dentro de su espacio de trabajo, una de las sucursales de Distribuidora de Belleza Luma, una empresa que comercializa productos de belleza en Aguascalientes. Gracias  a la denuncia de Marta, la autoridad logró la detención del agresor. Pero luego de un año de llevar el proceso penal, ella se siente desilusionada porque la reparación del daño, según le dicen las autoridades, es prácticamente imposible para ella.

A principios de 2021 el agresor fue detenido y procesado por los delitos de robo y amenazas. A decir de la víctima, la sentencia -anunciada a principios del pasado mes de septiembre- fue de siete meses y 15 días de cárcel, además de un pago de 93 mil pesos por reparación del daño que consideran las pérdidas del día del asalto, las terapias psicológicas y asuntos médicos inmediatos derivados de los hechos.

Sin embargo, debido a la condición económica del agresor, el pago para reparación del daño podría no llegar, al menos eso es lo que le han dicho las autoridades ministeriales. Desde el día de la sentencia hasta la fecha, Marta ha ido en varias ocasiones a la Fiscalía General del Estado, sin que reciba buenas noticias. “Solamente me dicen: Señora, ya no se puede hacer nada.  No se me hace justo, si esa fue la determinación de un juez de lo que me debería de pagar porque no me lo da y si no tiene dinero entonces que se quede en la cárcel. Para mí esto es como una burla”, argumenta Marta, con impotencia.

Para ella, este ha sido un proceso desgastante y cansado, tiempo invertido en la búsqueda de una justicia que no llega del todo, porque las autoridades judiciales dicen una cosa y al final hacen otra.

El hecho violento que vivió, cambió la vida de Marta por completo; hubo estragos psicológicos, médicos, emocionales y cambios en la dinámica de su vida diaria, por ejemplo, faltar a su trabajo para acudir a las audiencias y que le rebajen las horas de pago, pagar el transporte y estar pendiente de las fechas porque las autoridades no le informan sobre su caso.

A Marta le queda todavía una batalla pendiente, además del proceso por robo y amenazas existe otra investigación en el Centro de Justicia para las Mujeres por atentados al pudor, un delito por el que todavía no sentencian al agresor. Desde el primer momento, el asesor legal de la Fiscalía General del Estado le insistió a la víctima otorgar el perdón para evitar irse a juicio.

“Me quedo pensando si me están ayudando o me están afectando, cómo es posible que ellos que tienen una relación de los antecedentes penales del sujeto todavía me digan que le otorgue el perdón porque es más fácil, ¿es más fácil para quién?, para mí como víctima no es”, dice.

La reparación del daño debe ser integral o no será

Para Gloria Soto, asesora jurídica del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), la reparación del daño integral es indispensable en los casos de violencia feminicida y desaparición de personas.

Una reparación integral del daño implica hacer un estudio psicosocial de cada caso para tener en consideración la necesidad de cada una de las víctimas. Para algunas es suficiente con una disculpa pública, con que el inculpado acepte haber cometido el delito o con un pago en efectivo. 

“Para cada víctima es diferente la reparación, la ley en Aguascalientes prevé que sea en dinero, pero hay muchos otros factores que pueden darle alguna paz o satisfacción o sentirse reparadas emocionalmente, que no está previsto en la ley y es importante para las víctimas indirectas”, agrega la asesora jurídica del observatorio.

En algunos de los acompañamientos legales realizados por el OVSGAse ha logrado una reparación del daño integral. 

La especialista explica que el Código Penal en Aguascalientes sólo  considera la reparación del daño pecuniaria, es decir, en dinero, pero muchas veces esta no llega a concretarse por la falta de voluntad de las autoridades para obligar a los agresores a cumplir con la sentencia del juez.

Una comisión ausente

El 9 de enero de 2013, en México se aprobó la Ley General de Víctimas, que entre sus disposiciones contempla que cada una de las entidades federativas armonice su ley estatal y se conforme una Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que son las encargadas de brindar apoyo a las personas que resultan afectadas, directa o indirectamente por algún delito, con medidas de apoyo médico, psicológico, jurídico, económico, entre otras.

En Aguascalientes, la Ley de Atención a la Víctima y al Ofendido se reformó el 20 de septiembre de 2016, un año después el Senado de la República, a través de las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia, hizo un exhorto a los congresos locales debido a que la armonización en materia de atención a víctimas fue mínima.

En ese mismo 2016 entró en funciones el Instituto de Atención de Víctimas del Delito, dependiente de la Fiscalía General del Estado, encargado de manejar el Fondo de Atención a Víctimas y Ofendidos a nivel estatal..

En esas oficinas, el OVSGA ha gestionado diversos apoyos, principalmente para gastos funerarios o para viáticos en el caso de las familias de personas desaparecidas que vienen o van a otras entidades a buscar, y aunque este recurso es público, las autoridades no lo ofrecen de manera abierta a todas las personas víctimas de algún delito.

Eso sin contar que Aguascalientes carece aún de una Comisión Estatal de Atención a Víctimas que considere la reparación del daño como una de sus encomiendas.

“Debe crearse la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que debe de tener un presupuesto asignado para que se hagan cargo de la reparación del daño cuando el sentenciado no está en condiciones de hacerlo”, agrega Soto.

Desde la perspectiva de la asesora jurídica del Observatorio, cuando no sucede así, las víctimas realmente no están accediendo a la justicia porque quedan inconclusos los procesos de reparación del año y garantía de no repetición.

Ahora, Marta sigue dando la batalla en su proceso para hacer valer su denuncia hasta obtener justicia y reparación del daño, a más de un año de haber sido víctima de diversas agresiones. 

*El nombre de la víctima es un pseudónimo para proteger su identidad

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