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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

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Por: Alma Paulina Romo

Análisis de la Condición de Discapacidad desde la Perspectiva Feminista.

Parte fundamental de los derechos humanos de las personas con discapacidad ha sido la progresividad de éstos ya que, al analizar desde sus antecedentes hasta la actualidad, podemos observar cómo las investigaciones científicas y tecnológicas han estado a la par de la búsqueda y lucha por la igualdad y el respeto de los derechos de todas las personas.

 La historia nos dice que en la antigüedad se le atañía la discapacidad a cuestiones religiosas y que además esto era considerado como motivo suficiente para violentar a personas excluyéndoles o incluso atentando contra su vida, posteriormente se fue fijando una postura que atendía la parte médica pero que además era atribuido a considerar a las personas con discapacidad como inferiores.

Y así continuaron los avances que llevaron a la conclusión de considerar a la discapacidad como una condición de vulnerabilidad que obliga al Estado a brindar protección y la promoción de la inclusión y participación de los y las ciudadanas de manera integral a la sociedad, al menos en la teoría y que sin duda es un tema perfectible al no llevarse a cabo para el total de la población y discordando con algunas reglamentaciones internacionales en la materia.

Parte de la transformación y en pos de la búsqueda del respeto de los derechos humanos nos ha llevado incluso a la modificación del lenguaje que llegó a ser violento y discriminatorio al referirse a las personas que vivían con alguna condición de discapacidad y que por ello eran señaladas y no se vulneraban sus derechos y el acceso a una vida digna.  

Actualmente se estima que en nuestro país de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2014, 6% de la población mexicana (aproximadamente 7.1 millones de personas) manifestó tener algún tipo de discapacidad (INEGI 2016) y aunque se ha avanzado en materia de la defensa y procuración de sus derechos, es innegable que aún en nuestro país, esta población sigue siendo vulnerable ya que un alto porcentaje vive en situaciones de extrema pobreza y/o que enfrentan diversos tipos de violencias por la estigmatización social constante que atraviesan, desventajas para su desarrollo entre otros. Aunado a lo anterior también muchas de estas personas sufren discriminación por temas de género, etnia, nivel socioeconómico, edad, etc.

 En datos duros, en nuestro país La mitad de la población (alrededor del 49.4%) de las personas con discapacidad vive en situación de pobreza: 39.4% vive en pobreza moderada, mientras que 10% está en pobreza extrema (CONEVAL 2017). Los hogares en donde vive una persona con discapacidad son los que comúnmente gastan más en alimentos, vivienda y cuidados de la salud que el resto. Dicho gasto puede ser hasta tres veces más alto que en hogares sin personas con discapacidad. Lo anterior en virtud de que son necesidades propias a la discapacidad que viva la persona que habite en ese domicilio y que le brindan medianamente condiciones para desarrollarse y subsistir.

De acuerdo al informe anual de CONAPRED en el año 2018, Una de cada cinco personas (21%) con discapacidad entre 15 y 59 años no sabe leer ni escribir, mientras que la tasa a nivel nacional es siete veces menor (3%) por lo que esto nos señala además que las posibilidades de obtener un empleo mejor remunerado se reducen y precarizan más la situación de las personas con discapacidad en nuestro país por lo que como veremos más adelante, atraviesan varios tipos de discriminación. Se estima, además, que un gran porcentaje de la población mexicana con algún tipo de discapacidad tiene acceso a la educación básica pero que este número disminuye considerablemente conforme se avanza en grado de estudios, logrando hasta un 29% de personas con discapacidad en el nivel medio superior o superior.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, todavía persisten numerosos prejuicios y actitudes discriminatorias hacia las personas con discapacidad. Una de cada cuatro personas en el país (25%) considera que “son de poca ayuda en el trabajo”, y una proporción similar (26%) estaría poco o nada de acuerdo en que alguien de este grupo social ocupe la Presidencia de la República (Conapred 2018). Así, casi la mitad de las personas con discapacidad (48%) considera que sus derechos no se respetan y, de hecho, casi la tercera parte (31%) afirmó que en los últimos cinco años se les negó algún derecho sin justificación. Para esta población, sus principales problemas incluyen la falta de accesibilidad en la infraestructura y equipamiento público, así como la falta de oportunidad para encontrar empleo (Conapred 2018).

Se estima que, de los 31.5 millones de hogares del país, en 6.1 millones vive al menos una persona con discapacidad (19 de cada 100). En 78% de ellos hay una persona con discapacidad, en 18% dos personas y en 3% tres o más (INEGI 2012).

Las dificultades para caminar son el tipo de discapacidad más frecuente (64%), seguidas de las dificultades para ver incluso con el uso de lentes (58%), aprender, recordar o concentrarse (39%), escuchar incluso con aparato auditivo (34%), mover o usar los brazos o manos (33%), bañarse, vestirse o comer (24%), problemas emocionales o mentales (20%) y, finalmente, hablar o comunicarse (18%) (INEGI 2016).

Las principales causas de discapacidad son las enfermedades (41%), la edad avanzada (33%), el nacimiento (11%), los accidentes (9%) y la violencia (0.6%). La distribución es similar por género, aunque las mujeres reportan porcentajes más altos en discapacidad por edad avanzada (36%) y enfermedad (44%), mientras los hombres los reportan por accidentes (12%) y nacimiento (13%) (INEGI 2016).

Las mujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad más alto que los hombres (53% frente a 46%), aunque éste varía según grupos de edad (entre cero y 39 años es más alto en varones; en el resto de la población, en mujeres) (INEGI 2016).

Con base en lo anterior agrego que Los datos del Informe Mundial sobre la Discapacidad 20112 y la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 20103 confirman la persistencia del trato desigual y falta de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, en particular hacia las mujeres.

Los estudios referidos han utilizado tradicionalmente un enfoque que difumina las diferencias sexuales y no explora la influencia del género en las vidas de mujeres y hombres con discapacidad. No examinan de manera suficiente la discriminación combinada de género y discapacidad en el caso específico de las mujeres, e incluso, la múltiple si sumamos la discriminación por clase y etnia, entre otras.

Aunque tanto varones como mujeres sean susceptibles de sufrir discriminación si tienen alguna discapacidad, se debe reconocer que las mujeres tienen mayor desventaja por la deuda histórica social que se tiene sobre nosotras, nuestros derechos y el respecto integral a los mismos.

El género, entendido como la significación cultural que asume el cuerpo sexuado, como una identidad constituida en el tiempo, instituida por una repetición de actos y establecida por la estilización del cuerpo, interactúa con la discapacidad y las mujeres con esta “condición” quedan en una posición desigual respecto a los hombres que viven circunstancias similares y a las personas sin ella. Por lo general, algunas de las actitudes sobre el cuerpo que contribuyen a la opresión de las mujeres, también coadyuvan a reforzar la visión patologizadora de la discapacidad.

Entre las personas con discapacidad en México, los hombres tienen el doble de probabilidad que las mujeres de obtener un trabajo. Además, existe una brecha de ingresos considerable: las personas con discapacidad reciben por su trabajo el 66.5% de lo que ganan las personas sin discapacidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que las mujeres con discapacidad tienen menos acceso a servicios de salud que las mujeres sin ella,19 por ejemplo, al tamizaje para detectar cáncer de mama y cérvico uterino, en particular para mujeres con problemas de movilidad, ya que en muchos países las mesas de exploración para el diagnóstico del cáncer cérvico uterino no son ajustables en altura, de igual manera, los equipos para mastografía sólo son utilizables en las mujeres que pueden permanecer de pie.

México tiene ocho programas nacionales en materia de derechos humanos, discapacidad y no discriminación. Además, algunos programas sociales tienen entre su población beneficiaria a personas con discapacidad. En el gobierno federal destacan tres: el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad 2014-2018, cuyo objetivo principal es incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de la administración pública federal; el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018, el cual busca promover su inclusión laboral, y el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, que ofrece servicios de atención y rehabilitación. En 2011 se creó el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con discapacidad (CONADIS), dependencia responsable de dirigir y coordinar la política pública de atención a ese grupo. Finalmente, la CNDH supervisa desde 2011 la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la protección activa de sus derechos.

El reto más importante es la aplicación plena de la mencionada Convención. Aunque México fue el principal promotor de ese instrumento internacional, y uno de los primeros en ratificarlo, el último reporte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, instancia encargado de monitorear su implementación, señala varias omisiones. Una de las más graves es la falta de armonización legislativa que impide el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en leyes de varios estados. Por ejemplo, 15 códigos civiles impiden el derecho al voto a quienes están bajo la tutela jurídica de alguien más; varios no reconocen como discriminación el negar ajustes razonables ni sancionan la discriminación hacia personas con discapacidad, y toda la legislación autoriza el estado de interdicción y límites a la capacidad jurídica de esas personas. La accesibilidad es también un gran reto. La mayoría de espacios públicos y privados no es accesible, pero no se destinan recursos suficientes para modificarlos. Las leyes no incluyen todos los elementos contemplados sobre el tema en la CDPD (artículo nueve) y no hay mecanismos de monitoreo, queja y sanciones efectivas para el incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad. Además, faltan planes y estrategias de protección, prevención y atención a personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Otro problema es la falta de recursos específicos destinados a políticas que atiendan a las personas con discapacidad de forma integral—es decir, en varios aspectos de su vida y, por lo tanto, con la participación de varias secretarías de Estado. También faltan medidas para garantizar el acceso a la justicia y políticas públicas que atiendan a las personas con discapacidad, y que tomen en cuenta cualquier otro factor de vulnerabilidad al que se enfrenten. Tal es el caso especial de mujeres y niñas con discapacidad que viven en comunidades rurales, indígenas y en situación de pobreza extrema —en otras palabras, la población más discriminada. Hace falta cambiar el enfoque asistencial y segregacionista de los programas (común en varias políticas públicas de atención a ese grupo) por un enfoque incluyente y de derechos. En este sentido, como señala el Comité Especial de Derechos Humanos de la ONU, es importante que los recursos del estado destinados a rehabilitación no sean administrados por entes privado que puedan tener un enfoque asistencial y promover estereotipos donde las personas con discapacidad son vistas como merecedoras de la caridad. Asimismo, es muy importante promover políticas de toma de conciencia sobre los derechos y la no discriminación de las personas con discapacidad entre la población, especialmente entre la iniciativa privada, personas servidoras públicas, juezas y jueces.

Es imperante que en México se armonicen las políticas, leyes, reglamentos, y normas con base en la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad (CDPD).

BIBLIOGRAFÍA

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