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Por: Observatorio Digital

Este martes 11 de junio, se llevó acabo la rueda de prensa para la presentación de la “Iniciativa Victoria” por parte del equipo jurídico y de acompañamiento del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.

La propuesta surge en respuesta a la violencia obstétrica que sufrió Samanta, una mujer privada de su libertad, que durante el curso de su embarazo sufrió graves violaciones a sus derechos humanos y quien, al día de hoy, no sabe dónde está su bebé, Victoria.

Mariana Ávila, defensora de derechos humanos e integrante del OVSGA, comentó que el delito de violencia obstétrica se tipificó desde hace años a nivel nacional, y se encuentra reconocido dentro de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Sin embargo, debido a la indiferencia de los y las legisladoras, no se ha tipificado en Aguascalientes.

A su vez, añadió que los diagnósticos institucionales y de organizaciones de la sociedad civil han documentado que 8 de cada 10 mujeres que se encuentran privadas de su libertad, han sufrido algún tipo de violencia o tortura, entre ellas, la violencia obstétrica.

Por su parte, Luis Dena, abogado integrante del OVSGA, expuso los 15 puntos en los que se despliega la propuesta para la iniciativa, y explicó que se busca sancionar las conductas violentas y omisas cometidas por las personas que tienen bajo su cuidado o custodia alguna mujer, y les causen afectaciones a su salud reproductiva; la sanción iría de 3 a 6 años de prisión, o una multa de 300 días de salario.

“El trabajo legislativo tiene una responsabilidad con la realidad social”, denunció Mariana Ávila.

Desde el OVSGA se exhortó a las autoridades ejecutivas y legislativas a atender las necesidades de las mujeres de Aguascalientes, donde no hay estadísticas ni historial de denuncias debido a que el delito de violencia obstétrica no existe en el código penal estatal, y es una problemática que está invisibilizada y sufren diariamente las mujeres.

A su vez, los especialistas recordaron a la Fiscalía Especializada de Aguascalientes que es su responsabilidad realizar la debida investigación del proceso de Samanta y Victoria, y a las diputados y diputadas ejecutar su trabajo como servidores públicos respondiendo a la agonía legislativa de la entidad.

“La atención a la carpeta de Samanta tardó un año en ser atendida, ya que se tipificó de forma inadecuada. A partir de la mención de la violencia obstétrica por parte de las instituciones de salud, como el Hospital de la Mujer y el Hospital Tercer Milenio, más mujeres han salido a narrar las historias de violencia que han vivido en Aguascalientes”, concluyó la activista.